Hace
pocos días Radio Bío Bío informaba que un empresario maderero junto a
su contadora, habrían cometido “cuatro delitos tributarios mediante el
uso de 1.009 documentos tributarios falsos, con los que ocasionaron un
perjuicio fiscal que llega, en total, a $1.734.876.768”.
Además,
nos informa que “El Servicio remarcó que las querellas asociadas a este
caso tienen origen en su permanente plan de fiscalización que se
desarrolla en las distintas regiones del país, “para asegurar el
correcto cumplimiento tributario” por parte de las empresas”.
Estos ilícitos fueron cometidos entre los años 2017 y 2022, y no fueron detectados a tiempo.
¿Lentos
con algunos evasores y prusianos con los contribuyentes comunes y
corrientes? El control es imprescindible, y es importante la aplicación
de un criterio razonable que permita que el PYME que cumplen con todas
las obligaciones trabaje tranquilo, y que los piratas tributarios sean
sorprendidos a tiempo, antes de desfalcar al Estado por miles de
millones de pesos. Y no lo muestren como un triunfo ante la evasión ya
que llegaron tarde, cuando los recursos ya son historia.
Además,
se difunde con orgullo un “acuerdo de colaboración” entre la Fiscalía y
el SII para fortalecer la persecución de delitos económicos y crimen
organizado. Chile vive de ceremonias y rituales, en puntos de prensa,
con declaraciones altisonantes. Pero la palabra colaboración tiene un
sentido solidario y voluntario, por lo cual depende de las
circunstancias. Esta “colaboración”, ya debería ser un proceso
formalizado por ley, en el cual ambas instituciones se obligan a
traspasar información en forma espontánea y fluida para luchar contra la
evasión.
Recordemos
Penta-Soquimich, y el bochornoso incidente donde el SII se apropió de
la investigación, ante una vulnerable fiscalía que cedió el caso, y que
acortó los años de investigación y los castigos a través de acuerdos muy
favorables para los formalizados, que eran grandes empresarios y
políticos de derecha, centro e izquierda. Imposible borrar de la memoria
las emblemáticas renuncias de los fiscales que llevaban el caso,
Gajardo y Norambuena en enero del 2018 y podrían haber hecho justicia,
hasta que les doblaron la mano jerárquicamente.
Son
los parlamentarios quienes deben redactar leyes, que generen puentes
obligatorios de información fluida bajo la confidencialidad y resguardo
correspondiente, para proteger a los testigos evitando, por ejemplo, lo
que sucedió con el Juez de Garantía de Arica que prácticamente con su
tozudez, estaba sentenciando a muerte a los testigos contra el crimen
organizado.
Son
tantas las necesidades habituales y emergentes del país. Basta con
mirar a la región del Maule azotada por las lluvias y todavía no existe
un plan de acción de corto y mediano plazo, solo paupérrimos bonos
“parche”. Pero sí, nos atrevemos a mirar a Marruecos y ofrecer nuestro
apoyo, teniendo a los nuestros en la incertidumbre. La caridad empieza
por casa.