Desde
que Claudia tiene uso de razón vio a su padre golpeando, insultando y
maltratando a su madre. Un día, él fue detenido y condenado por tráfico
de drogas. La madre intentó tomar las riendas del negocio, pero fue
descubierta y encarcelada. Claudia y su hermana menor, que entonces
tenían 9 y 7 años, fueron ingresadas a un hogar del Sename.
A
los 14 años, en una salida, Claudia conoció a Mario, de 34. Iniciaron
“una relación amorosa”. Ella lo consideraba el hombre de su vida; él le
daba regalos, ropa, marihuana. A veces, la golpeaba, pero era porque
ella no se portaba bien. Claudia lo ayudaba a repartir encargos de
drogas y, cuando les iba bien, hacían fiestas, donde él la dejaba
consumir alcohol, drogas y le pedía que tuviera relaciones sexuales con
sus amigos.
Hoy,
Claudia, de 17, sigue vinculada a la residencia de protección, aunque
en la práctica está siempre fuera. El equipo del hogar no sabe cómo
enfrentar la situación. Y, pese a las múltiples denuncias, no ha sido
posible hacer justicia sobre la evidente explotación sexual comercial de
la que es víctima.
Lo
peor de todo es que Claudia no es la única adolescente que es usada y
abusada por estas mafias que se valen de su pobreza y vulnerabilidad.
Por estas redes que se instalan descaradamente frente a las residencias
para niñas y jóvenes, ofreciéndoles la falsa ilusión de amor y recursos
económicos, aunque de lo que se trata es de perpetuar y profundizar el
abuso, la violencia y el daño que, tanto ellas como una cadena de
mujeres que las anteceden, padecen.
Grooming
se llama el proceso de seducción con que el explotador se acerca a la
víctima. La estrategia es infame porque se vale de las múltiples
carencias, negligencia e historias de violencia y trauma, en especial de
índole sexual, que arrastran estas adolescentes.
Las
causas de ingreso dan cuenta de cuánto más complejo es el caso de las
mujeres en residencias de protección que el de los hombres. Según datos
de ingreso al Sename de 2019, el 93% de ellas había sufrido violación;
de ellos, sólo un 7%, y el 85% de ellas, abuso sexual; de ellos, un 15%.
Esto revela una gran falencia del sistema de protección: no considerar
la mayor vulnerabilidad de las niñas y la falta de una mirada de género
para su cuidado, protección y reparación del trauma. Por el contrario,
incluso dentro del sistema, se les sigue victimizando desde los
estereotipos sexistas, el prejuicio y la estigmatización, propios de una
cultura machista que normaliza el abuso.
Esta
es una de las grandes deudas que tenemos en Chile. Es una vergüenza
nacional que ni las policías, la fiscalía, los sistemas de salud,
educación, protección, sean capaces de impedir estos crímenes
monstruosos. Por eso pedimos basta de palabras y pasemos del dicho al
hecho para proteger los derechos de las más postergadas de todas.