Hace
unos días nos enteramos del caso de un niño que presentó cocaína en
orina. La misma semana, en otro lugar del país, un bebé de 10 meses
ingresaba a urgencias con convulsiones asociadas al consumo de drogas y
durante la examinación es abandonando por su madre; la hermana de ésta
menciona que se encontraría en situación de calle y presentaría
dependencia a las drogas. Es gravísimo como este tipo de casos van
haciéndose cada vez más comunes, incluso requiriendo que el mundo
académico lo estudie como un fenómeno que, por lo menos, se repite lo
suficiente como para que le prestemos ese tipo de atención. Así lo
demuestra una investigación realizada en 2018
con 18 pequeños menores de 2 años, cuyas madres eran consumidoras de
cocaína. El riesgo de ingesta no intencional se producía por el contacto
con la sustancia a su alcance, durante el amamantamiento o la
inhalación pasiva de cocaínas fumables, como es el caso por ejemplo de
la pasta base.
Esta exposición genera daños neurológicos que se manifiestan en
convulsiones, excitación y alteraciones agudas de la consciencia;
efectos cardiovasculares como taquicardias e hipertensión, así como
intoxicación aguda que requirió en ese instante de cuidados intensivos.
Estos
casos tan impactantes y que nos parecen tan poco habituales no lo son,
lo que genera muchísimas preguntas: ¿Están realmente asegurados los
derechos de los niños? Se ha hablado muchísimo de que el país debe
hacerse cargo de la niñez de una forma eficiente, “Los Niños Primero”.
Sin embargo, para la población en general esto no ha sido más que un
slogan, ya que no visualiza intervenciones que marquen la diferencia,
por lo que lo único que realmente entregan los lineamientos a seguir es
lo planteado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
de la cual Chile es parte desde 1990.
Me quiero detener en analizar parte del artículo 24: “Asegurar atención
sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres”. Al respecto,
nuestro país cuenta con espacios de atención para mujeres embarazadas en
salud pública; existe el Subsistema de Protección Chile Crece Contigo,
que asegura el acceso a las prestaciones de asistencia médica requeridas
desde el embarazo hasta (teóricamente) los 10 años de vida de los niños
y niñas. Pero ¿es esto suficiente cuando hay consumo problemático de
alcohol u otras sustancias? ¿Está el sistema, tanto público como
privado, preparado para atender este tipo de casos? ¿Es esta atención,
tal como lo menciona la Convención, “apropiada”? ¿Son los profesionales
lo suficientemente empáticos para realizar intervenciones integrales con
mujeres que se encuentran embarazadas y además presentan consumo? Es
sabido que el embarazo y crianza debe ser procesos acompañados. Diversos
estudios demuestran que las mujeres con adicciones cuentan con escasa
red de apoyo y su maternidad tiende a ser juzgada con una vara distinta a
la de los progenitores masculinos. Como ya comentamos, el consumo de
sustancias presenta consecuencias en el desarrollo integral del feto,
siendo una de sus consecuencias más explícitas la propensión a partos
prematuros, malformaciones o enfermedades crónicas. Aun así, a pesar del
sinfín de secuelas a nivel neurológico y físico, se debe recalcar que
una de las vulneraciones más importantes a las que se puede enfrentar un
infante es ser testigo del consumo problemático del adulto
significativo, dado que puede terminar naturalizándose este tipo de
conductas en las dinámicas familiares y generar un círculo vicioso del
que ellos terminarán formando parte si no se actúa rápido. Es por ello
que invitamos a repensar de qué manera se aborda el consumo de drogas en
nuestro país y cómo se realiza el acompañamiento en los embarazos de
alto riesgo relacionados al consumo, pues el daño que puede producir
este problema en la vida de las familias chilenas y el riesgo al que
están expuestos los niños y niñas es altísimo.