El
próximo 1° de agosto entrarán en vigencia las recientes modificaciones
al código del trabajo y a otros cuerpos legales en materia de
prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de
violencia en el trabajo (Ley N°21.643, más conocida como Ley Karin).
Dicha normativa es absolutamente necesaria dados los acontecimientos,
conocidos por todos, que dio origen a esta Ley. Estamos de acuerdo que
en toda empresa deben existir normas de convivencia entre los empleados y
también en la relación de los jefes con sus subalternos, y la
administración debe estar atenta a cualquier desviación que vulnere los
derechos de cualquier ser humano.
Ahora
bien, quiero referirme al caso específico de los colegios. Hoy en día
existen innumerables protocolos de actuación frente a distintas
situaciones que los establecimientos educacionales deben contemplar en
su reglamentación interna, de acuerdo a las exigencias que impone la
Superintendencia de Educación Escolar. Las escuelas, sus directores y
sostenedores deben dedicar gran parte de su gestión para realizar
investigaciones, mediaciones, informes, responder denuncias, etc., y con
esta ley se agregarán más protocolos y deberán tener personal
capacitado y preparado para dar cumplimiento a este nuevo cuerpo legal.
En
efecto, la realidad es que las comunidades educativas a estas alturas
se parecen más a un cuartel de la PDI o una comisaría de carabineros que
a un colegio, y cada vez más se están quedando con menos tiempo
dedicado a lo que realmente es su giro: entregar una formación de
calidad. Entendemos que la educación debe considerar temas académicos
(las asignaturas propiamente tales), como también valóricos
(convivencia, trato digno, respeto por los derechos del otro), pero esto
no se entrega de un día para otro por el sólo hecho de tener un
documento de actuación escrito, sino que abarca un trabajo mucho más
completo, profundo y complejo, con estudiantes, familias, entorno
social, docentes, asistentes de la educación, directivos y sostenedores.
Las
escuelas están casi al borde del colapso, preocupadas y ocupadas en
materias para las cuales no fueron creadas, ¿deberán contratar abogados o
peritos de investigaciones en vez de docentes? Creo, humildemente, que
se les ha cargado la mano a estas instituciones que cumplen un rol
esencial en la sociedad, el que se está dejando de lado, lo cual es
gravísimo. Tal vez en otras industrias las modificaciones legales
señaladas sean de más fácil aplicación, ya que probablemente cuentan con
una estructura organizacional preparada para ello (áreas de recursos
humanos, contralorías, fiscalía, etc.). Los directores y sostenedores
están abrumados y sienten que su labor cada día se aleja más de sus
funciones principales.
El
Estado debiera hacerse cargo de capacitar a las comunidades educativas
en estos aspectos y no centrarse en el acto punitivo por no contar con
tal o cual documento, y en este sentido la Superintendencia de Educación
Escolar y la Dirección del Trabajo cumplen un rol clave. Entendemos que
por mandato deben cumplir su rol sancionador y recibir toda denuncia
que llegue a sus oficinas, ¿pero tenemos las capacidades para crear
conciencia a nivel país lo que se entiende por una sana convivencia y
cómo abordarla si ni siquiera se ha podido hacer frente de manera
efectiva a la delincuencia?