Resulta cada vez más
común escuchar la palabra colusión, y quienes las cometen cada vez lo
hacen con mayor descaro. Aumentan los precios de productos y servicios y
lucran obscena e indiscriminadamente y nadie hace nada. Los
parlamentarios más preocupados de sus propias reelecciones que del bien
común, y un gobierno de salida, que resultó ser el peor de la historia,
son el caldo de cultivo ideal para que estos delincuentes de cuello y
corbata nos roben a manos llenas sin límites.
En
2017, Brink´s y Prosegur comenzaron a armar el engranaje del cartel que
fue descubierto por la FNE 24 meses más tarde. En julio de ese mismo
año, ambas empresas definieron sus precios respecto de un proceso de
contratación iniciado por C.C. Los Héroes. Y entre agosto y septiembre,
discutieron y coordinaron sus tarifas para enfrentar el proceso de
contratación de Banco Estado. Luego incorporaron a Loomis, y a través de
mensajes de WhatsApp, los tres altos ejecutivos locales acordaron
discutir los detalles de la operación reuniéndose en el restaurante
Nolita en Isidora Goyenechea a comer, como también tomando café en el
Starbucks. En una ocasión se juntaron en el hotel Atton de Las Condes
con los dos gerentes Latam, de Loomis y Prosegur. Para diciembre de 2017
completaron la planilla Excel, llamada “tarifas”, donde registraban sus
servicios. Más tarde se creó otro documento, “MKT ATM”, que servía para
ver los precios de su línea de negocios ligada a cajeros automáticos.
Incluso, los involucrados se reunieron en el domicilio particular del
alto ejecutivo de Brink’s, Alberto Bálsamo. Y, a mediados de 2018,
crearon la planilla “MKT BB”, para las próximas contrataciones de bancos
BCI, Falabella, Ripley y Security.
Pese
a que la batalla por la colusión de Loomis, Prosegur y Brink´s en el
mercado del transporte de valores recién comienza, a primera vista se
encamina a convertirse en un caso emblemático. En efecto, esta podría
ser la primera vez que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) pida cárcel
efectiva para delitos de cuello y corbata bajo la nueva normativa
vigente desde 2016, ya que el cartel operó entre 2018 y 2019. Ahora,
todo dependerá de cómo el organismo persecutor juegue sus cartas en el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un litigio que, por
su nivel de dificultad, por lo bajo durará unos cinco años, estiman en
la industria. De acuerdo a la legislación actual, el Fiscal Nacional
Económico tiene discrecionalidad para interponer querellas, pero debe
hacerlo hasta seis meses después de tener una sentencia definitiva que
condene al cartel por parte de la Corte Suprema. Si no lo hace, debe
emitir una decisión fundada. Pero si accede, tiene que cumplir con una
serie de criterios que están definidos en la Guía Interna para la
Interposición de Querellas por el Delito de Colusión. Entre ellos se
cuentan: afectación masiva a la población; que los efectos económicos
sean de magnitud considerable para provocar un impacto sistémico en los
mercados; que la conducta afecte servicios de consumo masivo o de
primera necesidad, entre otros.
Espero de verdad que estos delincuentes no terminen en clases de ética… como otros.