Con Magallanes en una
profunda recesión económica, con pocas expectativas de nuevos proyectos,
crecimiento y empleo, el escenario para la región es poco alentador,
mientras que a nivel nacional, en el promedio, estamos creciendo y
estabilizando los indicadores macroeconómicos. Pero aún falta un paso
más… como hacemos que el país y nuestra región sean más competitivos
frente a los desafíos que ahora, y por obligación, nos imponen nuestros
vecinos. Sí, porque la recién aprobada Ley de Bases en Argentina, nos
pone en jaque frente a una potencial “revolución neoliberal argentina”
que busca atraer inversión extranjera mediante la precarización de
los(as) trabajadores, la implantación de “privilegios” a los empresarios
mediante una serie de “regalías” y la reducción a la mínima expresión
del Estado.
Durante
esta semana se aprobó en el vecino país, la Ley de Bases que tiene como
principales características que extiende el período de prueba de 3 a 6
meses para empresas de más de 100 trabajadores; de 8 meses para PyMES de
6 a 99 trabajadores; y de un año para minipymes de hasta 5
trabajadores. Además, plantea la implementación de un fondo de cese
laboral optativo (algo así como el seguro de cesantía, pero pagado por
el(la) trabajador(a)), de decir, que los trabajadores tengan que pagar
su propia indemnización.
Otra
de las “características” de esta Ley es la privatización de una serie
de empresas públicas, entre las que se cuentan Aerolíneas Argentinas
(como fue Ladeco en su tiempo), Energía Argentina S.A., Radio y
televisión Argentina S.E., Intercargo Sau y la venta parcial de
Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Yacimientos Carboniferos Rio Turbio
(con el objetivo de llevar inversiones de energía a la provincia de
Santa Cruz). Las empresas que serán concesionadas a privados serán Agua y
Saneamientos Argentinos SA (AySA), Correo Oficial de la República
Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora
Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.
Finalmente
la “guinda de la torta”, serán las normas tributarias, donde ahora se
podrá cobrar el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores. Es irónico,
ya que fue el propio Javier Milei el que, como diputado, votó por la
derogación mientras prometía en campaña que se cortaría un brazo antes
de subir un impuesto. Esperemos que cumpla su promesa. Para los
inversionistas la cosa será “tirar y abrasarse”, porque la Ley plantea
una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos
de inversión que superen los USD 200 millones. El proyecto contempla una
serie de beneficios impositivos como amortizaciones del impuesto a las
Ganancias sobre bienes muebles fabricados o importados, destinados al
proyecto, y un largo período de estos beneficios asegurados por la Ley.
Todos
estos beneficios directos e indirectos para los grandes empresarios e
inversionistas, provocará un flujo de capitales hacia Argentina, razón
por la cual debemos apurar el paso con la agenda de productividad y
flexibilidad de la permisología, para ser igual de competitivos que los
vecinos, pero haciéndolo bien, sin perjudicar al(la) trabajador(a), y
generando las condiciones para mayor competitividad, productividad y al
mismo tiempo mayor justicia social.