En
la madrugada del 19 de mayo, cuando Gobierno, Armada y ciudadanía se
aprontaban a celebrar las “Glorias Navales”, cuatro marinos chilenos
deciden cobrar venganza por un asalto del que habrían sido víctimas y,
en ese afán, uno de ellos golpea en el suelo con su propia muleta a un
hombre discapacitado en las calles de Iquique.
Borrachos
e iracundos, lo acusan de ser líder de una banda de extranjeros. Los
otros tres marinos secundan al más violento aunque con menos fiereza.
Eso, mientras en medio de la agresión, un auto de vigilancia ciudadana
del municipio, se acerca a la escena sin que los funcionarios que lo
ocupan ni siquiera se bajen del vehículo para detener la salvaje acción.
Conversan brevemente con los agresores y se van.
Todo queda grabado en las cámaras de seguridad del municipio y las imágenes registradas han sido profusamente difundidas.
Dos
minutos dura la golpiza que terminó con la muerte de Milton Domínguez,
el migrante colombiano indocumentado que vivía en situación de calle y
pedía dinero en las esquinas de Iquique desde hace algunos meses. Murió
por traumatismo encéfalo craneano al día siguiente en el hospital de la
ciudad.
Conocí
a Milton en la vieja Hospedería de Hombres del Hogar de Cristo en
diciembre de 2021. Entonces lo entrevisté y me impresionó su resiliencia
que bien podía confundirse con resignación.
Había
entrado a Chile a pie, por Colchane, de manera ilegal, parado en sus
dos piernas. En las duchas de la Residencia Sanitaria donde debió hacer
cuarentena –eran tiempos de pandemia–, luego de auto denunciarse en la
comisaría, paso exigido para regularizar su situación, se hirió el dedo
gordo de su pie izquierdo. A los tres días, lo tenía negro. Fue al
consultorio, lo derivaron al hospital, donde se negaron a atenderlo
porque no tenía papeles. Cuando nos relató su desgracia, no dejaba de
agradecer a “unas señoras de la Cruz Roja” que finalmente lograron
conseguirle un RUT provisional para que lo vieran los médicos. Entró a
pabellón, le amputaron dos dedos del pie. Al par de días, la bacteria
seguía carcomiendo su extremidad, así es que lo volvieron a intervenir.
Ahí le cortaron la pierna derecha bajo la rodilla.
En
una silla de ruedas, nos habló de la muerte de su anciano padre –tenía
96 años–; de que sólo sus hermanas sabían que había perdido media
pierna, porque no quería entristecer más a su madre; de los horrores que
vio cuando decidió migrar a Chile: niños y mujeres abusados por hombres
inescrupulosos, caminatas extenuantes de noche por el desierto, pobreza
y necesidad extremas.
“Incluso
cojo, como estoy ahora. Sólo necesito los papeles para estar legal y
conseguir trabajo en lo mío, y una prótesis que remplace mi pierna”.
Nada de eso se cumplió.
Además
de perder la pierna, no logró nunca regularizar su situación
migratoria, menos el sueño de conseguir trabajo, la hospedería de
hombres del Hogar de Cristo lo aceptó excepcionalmente a petición del
Ministerio de Desarrollo Social. Vivió allí durante nueve meses; los
seis primeros, cuando lo conocimos, estaba en proceso de convalecencia,
cuidado y recluido en la casa, pero los últimos tres meses empezó a
salir a cuidar y limpiar autos en la calle de Iquique.
En
agosto de 2022, presentaba consumo problemático de alcohol y ya no
adhería a las normas de la hospedería. Por esa razón, el Ministerio de
Desarrollo Social decidió trasladarlo a otro dispositivo, del que
también desertó para terminar viviendo en situación de calle.
No
cuesta entender que la desesperanza lo haya conducido a encontrar en el
consumo de alcohol la prótesis que incluso alguna organización de
migrantes colombianos ofreció costearle, pero que nunca llegó. Lo
incomprensible es que sus desventuras sean vistas como un hecho de la
causa. Y que incluso su muerte a golpes, que causó espanto en las
autoridades nacionales, el alto mando de la Armada, el ministro de
Relaciones Exteriores de Colombia, las organizaciones que han promovido
la migración como un derecho humano y a las que la consideran una
irresponsabilidad política, sea hoy “justificada” en redes sociales por
gente irresponsable que ha hecho suya la patética defensa de los
energúmenos que lo atacaron.
“Ahora resulta que el
colombiano era una blanca paloma”, “¿Acaso el tipo no lideraba una
banda de asaltantes extranjeros?”, “¿Para qué vino a meterse a Chile?”,
leemos con espanto en Twitter desde el otro extremo del mundo.
Lo hacemos por los
mismos días en que un medio difunde una nota donde explican por qué, en
Japón, Arturo Prat tiene un monumento junto al almirante Nelson y al
comandante nipón Togo, y es considerado uno de los grandes héroes
navales del mundo.
¿La razón?
No
es una, sino siete: rectitud, cortesía, valor, honor, benevolencia,
honestidad y lealtad, que son las bases del bushido, que es el código
ético del samurái.
Si
los marinos que viajaron a honrar al capitán Prat desde Valparaíso a
Iquique hubieran tenido una sola de esas virtudes, hoy no lamentaríamos
la tristísima muerte de Milton a causa de la barbaridad de sus acciones.
Lo mismo aplica a los que exhiben su xenofobia en las redes sociales y a
toda una sociedad que lo vio deteriorarse desde el mismo día en que tuvo la equivocada idea de que Chile sería para él la tierra prometida que le permitiría cumplir sus sueños.