Hace pocos días la
Convención Constitucional aprobó la iniciativa 270-5, que establece como
bienes estratégicos el cobre, oro y otros minerales, así como también
cualquier otro bien así calificado por
la ley, con esto último crea un grave problema de certeza y seguridad
jurídica, que esperemos no lo apruebe la sala, ya que ello significaría
la paralización de todo tipo de inversiones, ya que puede llevar a
perder cualquier cosa que se invierta.
La misma iniciativa establece la nacionalización de todas las empresas
de bienes estratégicos, es decir, de todas las empresas mineras a partir
de la entrada en vigencia de la Constitución, situación grave en
extremo, puesto que de aprobarse, pasa a llevar normas expresas
contenidas en tratados internacionales aprobados por Chile y que se
encuentran vigentes, lo que por cierto, en el plano internacional puede
llevar a que el país sea demandado en Tribunales internacionales como el
CIADI y deje en un grave déficit a las arcas fiscales, para peor,
señala que el valor de expropiación será determinado por la Contraloría
General de la República, desvirtuando absolutamente lo que debe ser la
labor de ese órgano fiscalizador por una parte; y, propone que el valor
que se fije, sea pagado a valor libro en plazos de 20 a 30 años.
Con todo respeto lo que se pretende es simplemente un atentado grave en
contra de la propiedad, que significará un grave daño al País y con
ello al Gobierno entrante, ninguna empresa va a aceptar una situación
como esa y llevará al Estado de Chile ante Tribunales internacionales
ante los que no nos va a ir bien, a la vez que el país quedará sumido en
una grave crisis económica, porque no tiene los recursos para explotar
por si solo los recursos minerales, lo que va a llevar a que se
produzcan grandes despidos en el sector minero, bajas de sueldos a los
que queden y un tremendo problema social para el Gobierno y el país en
general, definitivamente se está condenando al País a la ruina, ya que
si no la que más, al menos una de las que mayor cantidad de trabajo
genera es la actividad minera, que es a la vez la que mayores ingresos
paga a sus trabajadores; y, el Estado no está ni estará nunca con la
capacidad para asumir por si misma esa actividad, menos aún de un modo
eficiente y eficaz llevando con ello a un perjuicio directo a los
trabajadores y a sus familias, que a corto andar verán la rebaja o la
pérdida de las remuneraciones de aquellos, creando de esa manera una
grave problema social en el País. Da la impresión que la Convención
Constitucional pretende hacer fracasar el Gobierno del Presidente
electo, a menos que definitivamente no tengan idea de absolutamente nada
y solo pretendan irresponsablemente crear normas a como de lugar y sin
importar las consecuencias, el problema es que con ello traspasan el
problema a los electores, que lamentablemente tampoco saben mucho y lo
que es peor, no van a leer el texto que se elabores y van a votar
cualquier cosa basados más en la publicidad que se haga, que en el
beneficio del País.
Si prosperan ese tipo de iniciativa el País está condenado a la ruina.