Desde
las últimas elecciones, que sin duda se trata de las más importantes en
las últimas décadas, he podido leer en diversos medios de comunicación
varias columnas con opiniones que buscan inspirar ciertos temores por la
conformación de la Convención Constitucional. Lo que algunos denominan
como ‘campañas del terror’ en algunos casos alcanzó tal nivel que en
redes sociales incluso se publicaron declaraciones falsas de los
convencionales de la Lista del Pueblo. Estas noticias falsas o fake news
tenían relación con supuestas limitaciones a la propiedad privadas o
nacionalizaciones que buscaba empujar dicha lista.
Ante
ello, y como lo he señalado ya en columnas anteriores, es importante
recordar que en los procesos constituyentes es relevante no solo el
resultado, sino que también el proceso mediante el cual el texto es
redactado. En el caso de nuestro país, el proceso constituyente no solo
responde a una demanda ciudadana para reemplazar el texto
constitucional, sino que también es la respuesta institucional a una
profunda crisis de representatividad. Una crisis en la que aún nos
encontramos, marcada por una percepción ciudadana de que nuestra
institucionalidad política (Congreso y Presidente) no son legítimos
representantes democráticos.
En
este escenario, sigue siendo esencial que la Convención Constitucional
se transforme en un órgano que logre representar la diversidad de
nuestro país. Solo así el resultado de este proceso se sentirá como
legítimo y propio por parte de la ciudadanía. La conformación actual de
la Convención: paritaria, con representantes de los pueblos originarios,
y diversa en términos de composición política (en la que existen
representantes de los partidos políticos, pero también de listas de
independientes) contribuye sin duda a la referida legitimidad.
Asimismo,
y dado que ninguna lista a nivel nacional logró alcanzar el tercio de
la Convención, es esperable que se generen diversos procesos de
negociación entre las diversas listas que harán primar el diálogo, más
que los vetos o las imposiciones. Por estas razones, creo que no es hora
de campañas del terror o de inspirar miedos y temores infundados, sino
más bien de contribuir a que este proceso se realice de la mejor forma
posible.
Y
es con este ánimo que creo que es importante que como Región iniciemos
un trabajo y un debate público para enfrentar uno de los desafíos más
importantes de nuestros convencionales: la generación de instancias de
participación en la que los magallánicos y magallánicas puedan debatir y
formar parte de la discusión constitucional. La legitimidad de la nueva
Constitución no solo requiere de un órgano representativo, sino que
también de la existencia de instancias de participación ciudadana. Para
ello, es urgente comenzar a pensar en audiencias públicas regionales,
cabildos en las distintas comunas y el rol que nuestra universidad
estatal regional jugará en este proceso. Es un desafío que requiere de
la cooperación de muchos, por lo que mejor no sigamos perdiendo el
tiempo divulgando o desmintiendo campañas del terror.