Frente
a los últimos acontecimientos respecto de un área de conservación
marina en el Archipiélago de Humboldt, es clave tener conciencia sobre
la importancia de la protección de la naturaleza y las graves
consecuencias que un proyecto industrial puede tener sobre la
biodiversidad. De avanzar este proyecto, tendría efectos críticos sobre
el medio ambiente y repercutiría en el bienestar de todos, impactando
el sistema costero insular de la región de Coquimbo, que constituye el
hábitat de un sin fin de especies amenazadas, como el chungungo, el
delfín nariz de botella, la ballena azul y el pingüino de Humboldt.
El
Estado ha invertido en proyectos de restauración ecológica en Isla
Choros y Chañaral que son parte del archipiélago de Humboldt,
protegiendo las porciones terrestres a través de la Reserva Nacional
Pingüino de Humboldt. Y por otra parte, se pretende instalar proyectos
industriales que afectarían los ecosistemas marinos. Es necesario tener
claro que los ecosistemas terrestres y marinos están estrechamente
relacionados. En las distintas fases de vida del Yunco (Pelecanoides
garnotii), por ejemplo, un ave marina en peligro de extinción, esta
requiere de las islas para construir sus cavernas y establecer sus nidos
pero su alimentación es en el mar, ya que come pequeños peces como
sardinas, anchoas, además de crustáceos nadadores. Por este tipo de
interdependencias ecosistémicas es que se hace necesario establecer
espejos de conservación con una mirada integrada del territorio y
maritorio.
Esta
semana el gobierno anunció que se presentará una propuesta de polígono
ampliado, de 223.200 hectáreas para avanzar en la creación de un Área
Marina protegida en el Archipiélago de Humboldt, la cual se presentará
al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad durante el último
trimestre de 2021. Es fundamental que se logren los consensos necesarios
con la ciudadanía y poder avanzar en asegurar la más alta categoría de
protección en Chile, ya que se trata de un sitio prioritario para la
biodiversidad a nivel mundial, y así avanzar en la protección a gran
escala y a largo plazo, asegurando este patrimonio natural para las
futuras generaciones.
El
gran desafío que tenemos, es que las instituciones del Estado ligadas a
temas ambientales puedan actuar con coherencia y objetividad frente a
proyectos industriales, y sean capaces de posicionar argumentos técnicos
que sean respetados por todos los actores en el contexto de la
evaluación ambiental de proyectos de alta complejidad política, social y
económica. Finalmente, es el bien común el que debe primar sobre los
intereses privados, y el Estado debe ser vigilante y garante de la
conservación de la naturaleza, especialmente en estos tiempos de crisis
ambiental global.