Estamos
en pleno proceso de discusión sobre el proyecto de ley de presupuesto
del Sector Público para el año 2022, que, como todos los años, refleja
las intenciones del Poder Ejecutivo para llevar a cabo sus políticas,
planes y programas, pero también, revela la posición de la coalición
gobernante en contraste con los parlamentarios de oposición, sobre cada
tema que se ventila en la agenda del país.
Así,
una cuestión trascendental, tiene que ver con la auténtica voluntad de
avanzar en descentralización territorial, con el consiguiente apoyo a la
gestión de los gobiernos regionales, entidades que, como todo en la
vida, necesitan de recursos financieros, medios materiales y personas
para lograr sus fines.
En
este sentido, si comparamos lo que se pretende entregar a los 16
gobiernos regionales en el anotado proyecto de ley de presupuesto, con
lo allí considerado para las dotaciones del Ministerio del Interior –
cartera a través de la cual los GORES se relacionan con el Presidente de
la República –, tenemos grandes diferencias.
El
conjunto de reparticiones del Ministerio del Interior con las que
efectuaremos esta comparación está integrado por: 1) el Servicio de
Gobierno Interior (que corresponde a las delegaciones regionales y
provinciales), 2) la Subsecretaría de Prevención del Delito, 3) la
Oficina Nacional de Emergencia, 4) la Agencia Nacional de Inteligencia,
5) la Subsecretaría de Interior y 6) el Servicio Nacional para
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
En
tal sentido, mientras a los gobiernos regionales se les permite tener
hasta 90 vehículos, el ministerio puede mantener 244; respecto de la
dotación de personas, los gobiernos regionales están acotados a un
máximo de 2.170, pero al ministerio se le autoriza 2.994; luego, la
cantidad de personas a honorarios que los gobiernos regionales pueden
contratar se limita a 237 y al ministerio a 447; las personas que
reciben asignación por función crítica que laboran en los gobiernos
regionales no pueden sobrepasar de 42, pero el ministerio puede llegar a
72. Por último, pero no menos importante, el gasto de funcionamiento de
que dispondrán los gobiernos regionales es de M$ 82.507.324, con lo
cual no sólo se paga remuneraciones, sino también se contratan servicios
para poder operar; en contraste el gasto del ministerio asciende a M$
250.083.120.
Salta
a la vista que los gobiernos regionales aun son de tamaño muy reducido,
en comparación con las demás reparticiones del ministerio con el cual
se relacionan, faltando mucho en avanzar en la entrega de recursos, si
se quiere llegar a una auténtica descentralización territorial, para el
ejercicio de las funciones que la ley encomienda a estas unidades
subnacionales.