El
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un
tratado multilateral general que reconoce Derechos económicos, sociales
y culturales, a su vez establece mecanismos para su protección y
garantía. El Pacto impone el deber de adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de
que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas,
la plena de los derechos aquí reconocidos. Es decir, impone el
principio de “realización progresiva”, lo cual significa que los Estados
pueden tener limitaciones financieras que le dificulten garantizar
algunos derechos a corto plazo, pero les obliga a hacer lo mejor posible
cada vez.
En
Chile la dictadura militar reformó el sistema universitario y con ello
puso fin a derechos adquiridos. No sólo se desmembró la Universidad de
Chile y la Universidad Técnica del Estado, sino que además se puso fin a
la gratuidad. Si, Chile entregaba educación universitaria gratuita en
tiempos en que nuestra economía era más precaria que ahora. Sin embargo,
desde el año 1981 en adelante, las familias chilenas debieron pagar
para darle un título a sus hijos o encalillarse para obtener educación
superior. Apareció el Crédito Fiscal, un préstamo que debería pagarse 2
años después de egresar en cuotas mensuales o más recientemente, Crédito
con Aval del Estado, en donde los estudiantes podían financiar sus
estudios mediante créditos con la banca privada. Estudiar una carrera
universitaria se trasformó de nuevo en un privilegio, el sistema
incorporó concepto de mercantilismo, los jóvenes inician si vida laboral
con altas deudas y las universidades estatales sufren competencia
desleal y están condenadas a desaparecer por agonía financiera.
El
encarecimiento de la Educación Superior provocó grandes movimientos
estudiantiles a partir del año 2011. Para las elecciones presidenciales
de 2013, 6 de lo (a) s 7 candidato (a) s presidenciales proponían en sus
programas de gobierno alguna forma de gratuidad (la excepción fue la
abanderada de derecha Evelyn Matthei). La presidenta Bachelet, en su
segundo periodo (2014-2018) propuso un proyecto de ley que otorgó
gratuidad parcial en la Educación Superior. De esta forma, la entrada en
vigencia de la Ley Nº 21.091 Sobre Educación Superior, volvió a
introducir el derecho la gratuidad en Chile, aunque sea en forma
parcial. Si bien está ley tienen una serie de componentes que
distorsionan su objetivo, se entiende como el punto de inicio de un
derecho progresivo.
La
discusión de una Nueva Constitución trajo consigo la idea de incluir en
la propuesta la gratuidad de la educación superior. De esta forma, la
Comisión de Expertos propuso una norma que garantizaba la gratuidad
progresiva en la Educación Superior, pero sin descartar otras formas de
financiamiento. Sin embargo, el texto definitivo aprobado el día lunes
por el Consejo Constitucional termino eliminado el concepto de
gratuidad. El texto dice: “El Estado proveerá educación pública,
pluralista y de calidad, a través de establecimientos propios en todos
los niveles. El Estado garantizará el financiamiento de sus
establecimientos de educación parvularia, básica y media. En cualquier
caso, la ley podrá entregar financiamiento a sus instituciones de
educación superior”.
La
gente tenía la esperanza que una nueva constitución pudiese resolver
los problemas sociales del País, otorgando más derechos esenciales. Que
el texto constitucional no incluya la progresividad de la gratuidad de
la educación superior sin duda es un profundo retroceso y un alejamiento
de una de las razones que justificaban redactar una nueva carta magna.
Este retroceso, por lo demás, se contradice con lo comprometido por
Chile en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC, 1966). Como en dictadura, la propuesta de Nueva
Constitución no avanza en derechos. Yo estoy En Contra.