La
discusión sobre las contribuciones, impuestos territoriales pagados por
algunos ha perdido el foco. Es un tema de justicia y de igualdad ante
la ley, no un problema de recaudación. Que las municipalidades dejen de
percibir dineros que no corresponden es algo necesario; que esto
perjudique sus arcas fiscales, eso es otro problema. Las contribuciones son un impuesto injusto que rompe la igualdad ante la ley, principio intrínsecamente democrático.
Si
establecemos en la constitución que el derecho a la vivienda es un
derecho que debe ser garantizado, no podemos cargar con impuestos a
algunas viviendas por el sólo hecho de su avalúo fiscal.
El
gran avance civilizatorio fue erradicar la violencia como una forma de
hacer política. Esto es sin duda algo nuevo, muy nuevo, hasta fines del
siglo XVIII los problemas en política se resolvían con la “ley de la
selva” el más fuerte imponía su visión sobre el otro y la violencia
física era la forma. En política se “mataban” en un sentido literal. La
idea de la soberanía popular y del voto como forma de resolver los
problemas, dejaba fuera toda opción de validar la fuerza. Un requisito
“sine qua non” para ser democrático es abandonar la fuerza para imponer
ideas. Junto con esto, un avance fundamental que trajo la democracia fue
establecer la igualdad ante la ley, que implicaba que no podía haber
ciudadanos de distintos órdenes o peso. Se terminaba con los privilegios
(prebendas, jurídicas y tributarias entregadas por el estado a ciertos
estamentos). Ahora y desde entonces todos son iguales al menos ante la
ley, ya que todo ser humano es una persona individual muy distinta a
todos los demás.
Las
contribuciones es un impuesto que se basa en romper la igualdad ante la
ley, ya que una persona que postula a una vivienda social, que es
pagada desde impuestos generales, al recibirla se establece que el
Estado en ninguna circunstancia se la pueda quitar. Hay familias que
postulan a varios subsidios y que a veces hasta subarriendan. Claro, ese
no es el espíritu de la ley, pero con la ley se pueden establecer
negocios con los subsidios. Por otra parte quien trabaja toda la vida
para tener su casa propia, pide un crédito y sin aún ser dueño de la
casa, ya que está pagando el crédito, paga impuestos territoriales,
contribuciones por el bien completo. Cuando termina de pagar las cuotas
al banco y es propietario paga “arriendo” por su propia casa al Estado y
cuando jubila y como persona pasiva ya no puede pagar, no tiene más
opción que vender su casa ya que sino el Estado se la quita. O sea, a un
grupo no les pueden quitar la casa bajo ninguna circunstancia y a otro
cuando no pueden pagar sea cual sea la razón, se las pueden quitar. Esto
es un atentado flagrante contra la igualdad ante la ley y contra el
concepto de la vivienda como un derecho.
Con
alegría y esperanza muchos celebramos tocar este tema, ya que este
impuesto primero provisorio y luego permanente, es algo de extremo
injusto. La justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo. Nada
más injusto que quitarle la casa a alguien que pagó en la vida esa
propiedad y junto a ella todos los impuestos relacionados, por el hecho
de que esa persona ya no puede pagar. Injusto es tener que pagar
“arriendo” al estado por lo que es propio. Es propio o no lo es. Si la
vivienda es un derecho, este impuesto atenta contra ese derecho y eso no
tiene que ver con el poder adquisitivo ni con la tasación de la
propiedad. Si es un derecho es para todos por igual y es ahí donde la
igualdad ante la ley debe siempre primar.
Que
las municipalidades vean mermados sus ingresos, los deberá obligar a
ser creativos. Dicen que con estos dineros retiran la basura y otros
servicios, si es así, otra vez faltan con la igualdad ante la ley porque
algunos pagan y otro no. No hay duda de que los vecinos preferirían
pagar la cuenta a una empresa por retiro de basura y otros antes que
pagar un impuesto que
no corresponde. La justicia tributaria, no es solo que quienes tengan
más paguen más, sino que paguen lo que corresponde y no más ni menos.
Este impuesto nunca corresponde y es confiscatorio y extremadamente
injusto. Es una esperanza que el tema esté hoy sobre la mesa por las
discusiones del consejo. Esperemos que más allá de si la constitución se
aprueba o no, este injusto impuesto que atenta contra un principio
esencial de la democracia sea abolido para todos.