A
propósito de la ley de control de armas, en nuestro medio hay una que
está fuera de control, la lengua. Así, se denuncia con vehemencia que
la Cormupa está -en quiebra-. En circunstancias que hace años debió ser
intervenida, porque técnicamente no puede quebrar. Sin embargo, la
Superintendencia de Educación, ha brillado por su ausencia, y a estas
alturas la intervención no resuelve el problema, pues ha transcurrido un
tiempo precioso sin que se realicen los ajustes necesarios. No existen
cifras que demuestren el abultado déficit invocado, no se ha practicado
una auditoría exhaustiva en años, no es efectivo que la Contraloría
General de la República, haya establecido que el déficit es de arrastre.
El
último intento conocido por ajustar las dotaciones lo hizo el ex
-alcalde Juan Morano Cornejo, después sólo ha existido contención, pero
no medidas concretas, conducentes a garantizar un servicio educativo
regular y continuo, que cumpla con los estándares mínimos de calidad que
la ciudadanía demanda, el cual tiene como supuesto una organización
capaz de garantizar los mínimos que los actores educativos demandan.
No
es efectivo que las deudas hayan disminuido. Por el contrario, los
gastos se incrementan cada mes por el déficit estructural y la baja
matrícula, ni hablar de los créditos sociales impagos y de las nuevas
contrataciones que se han efectuado en este periodo, acreditadas con
documentación fidedigna, así hoy existen más asistentes de la educación
que profesores, lo que es inédito a nivel nacional.
Es
comprensible que para la Administración resulta el todo impopular
asumir retiros colectivos anticipados que ya no está en condiciones de
financiar o el cierre de establecimientos, pero la prórroga hace
impostergables estas medidas extremas e ingratas, que se hacen tanto más
graves en la medida que se postergan, pues tarde o temprano se deberá
asumir la debida correspondencia y asignación de recursos considerando
la oferta y la demanda educativa.
El
Gobierno no está en la obligación de solventar el déficit por tratarse
de una gestión de absoluta responsabilidad institucional, que de no
asumirse, legará a la nueva administración municipal una considerable
deuda de arrastre que deberá pagar con cargo al fondo común municipal.
Es
útil recordar las expresiones del concejal Vicente Karelovic, ”aportar a
la Cormupa es como entregar recursos a un barril sin fondo”. En
efecto, la educación pública está a la deriva, sin liderazgo, sin
ejercicio de la autoridad, con una escuela tomada, con los trabajadores
sin poder acceder a los créditos sociales durante toda la pandemia. O
sea, todo un descalabro que ya no resulta posible atribuir a las
administraciones anteriores como un mantra, porque quien asume un cargo o
autoridad sabe o debe saber las condiciones y el estado financiero de
su institución.
Es
lamentable que, al final los perjudicados sean los trabajadores que
tienen contratos vigentes, que resultan exigibles, a la corporación o a
su continuador legal. La responsabilidad del Concejo Municipal, como
órgano fiscalizador es mayor, pues antes de autorizar nuevos aportes
primero debe tener acceso a una información plausible de los costos
reales, de la oferta y de la demanda educativa, de los niveles de
asistencia por establecimiento, del pasivo actualmente exigible, y de
las deudas por anticipo de subvención que en el corto plazo significan
un menor ingreso, pero que son compensadas con el traspaso del servicio,
presentar este crédito del Ministerio de Educación, como pasivo, es
correcto, pero engañoso y populista, porque la obligación del sostenedor
era no efectuar nuevas contrataciones, en el caso de los retiros
anticipados.
En
tales circunstancias, es urgente que el nuevo Servicio Local de
Educación, se implemente a la brevedad, con facultades reales para
supervisar el proceso de traspaso y garantizar la continuidad del
servicio, en el lapso intermedio se sugiere hacer un uso prudente de la
lengua, como un arma que puede ser letal para quien le da un uso
inadecuado, pues se compromete el prestigio de personas y profesionales
con años de experiencia en la administración educacional.