El Presidente Sebastián Piñera que basó su campaña en promesas de acabar con la delincuencia imputando responsabilidad al gobierno anterior, presenta hoy una realidad abrumadora, cada seis meses de su mandato se registra un importante incremento en el número de hogares victimizados en Chile. La delincuencia es un problema grave y debe abordarse, en la búsqueda de soluciones, con seriedad, objetividad y sin afán de sacar mezquinos dividendos políticos. Los estados están obligados a implementar medidas de seguridad ciudadana con el objeto de prevenir delitos para garantizar los derechos de todas las personas. Sin embargo, ello debe hacerse resguardando el marco legislativo y normativo vigente y los derechos humanos. Como una solución al aumento de la delincuencia el Gobierno ha presentado un proyecto de ley sobre fortalecimiento del control de identidad, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados, y permite el control de identidad preventivo a cualquier persona a partir de los 16 años de edad. Los socialistas hemos expresado nuestra preocupación y rechazo en torno a que este proyecto ya que no cumple ningún cambio efectivo en el combate a la delincuencia y no resguarda los derechos humanos. Chile ya posee legislación que permite controlar a cualquier persona mayor de 14 años en caso de existir indicios de comisión de delitos, ocultamiento del rostro o incluso por tener la policía antecedentes sobre posibles órdenes de detención pendientes. La actual legislación cumple los requisitos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que garantizan una sociedad democrática. El proyecto propuesto por el actual gobierno en la práctica no sólo será menos efectivo en el combate a la delincuencia que las medidas actuales sino además distraerá medios, personal y recursos inútilmente, siendo una medida poco adecuada y desproporcionada a la vista de acuerdos internacionales. En materia de derechos humanos nuestro país ha subscrito una serie de Convenios que otorgan una protección especial a los niños, niñas y adolescentes. Todos los Estados que han ratificado los convenios están obligados a que toda nueva iniciativa legal debe respetar y garantizar los derechos adquiridos por las personas impidiendo su regresión. La extensión del control preventivo de identidad a adolescentes (sujetos de protección especial), a nuestro juicio, podría llegar a afectar la libertad personal, el derecho al libre tránsito y el derecho a la presunción de inocencia, vulnerando los tratados y convenios subscritos por Chile. Las personas requieren urgentemente medidas que realmente ataquen efectivamente la delincuencia. Mayor dotación de policías, más recursos y medios disponibles y distribuidos de manera justa, realista y sin discriminación, son parte de las medidas urgentes.