Pese
a una ceremonia interrumpida y a una inexcusable falta de prolijidad
por parte del Gobierno en cuanto a las condiciones materiales adecuadas
para su primera jornada de trabajo, ya se encuentra en funcionamiento la Convención Constitucional, que inicia el camino para construir la nueva carta fundamental que nos interprete y represente a todas y todos.
Sin
duda no será una tarea fácil. Entre las y los constituyentes hay
posiciones diametralmente opuestas en muchas de las materias que serán
objeto de discusión, lo cual no es más que la extrapolación de lo que
ocurre en la sociedad chilena en su conjunto, pero que de alguna manera
ahora resulta mucho más compleja que la vieja división
izquierda-derecha. Las múltiples expresiones que allí están
representadas responden a un país mucho más diverso.
Quienes,
como yo, votamos por la opción Apruebo, sabíamos esto de antemano.
Habría que ser muy ingenua para pensar que la transición hacia una nueva
constitución sería un camino de rosas, pero eso no implica que en el
proceso no se respeten todas las opiniones y que éstas se defiendan con
pasión, pero siempre con argumentos y razones, nunca con
descalificaciones y menos con violencia.
Por
eso es muy grave que, en la primera jornada, haya habido grupos,
pequeños afortunadamente, que se sintieron con el derecho de insultar y
hasta agredir a algunos constituyentes por representar a sectores
políticos que se oponen a algunas de sus posturas. Me refiero a la idea
de establecer una suerte de borrón y cuenta nueva para aquellas personas
que participaron en actos contrarios a la ley y cuyos procesos judiciales aún se encuentran abiertos.
Cabe
señalar que esta propuesta tiene su contraparte en una iniciativa de
algunos senadores y senadoras que abogan por una suerte de amnistía para
los denominados “presos de la revuelta”. Es, por supuesto, una idea
legítima, pero que yo no comparto. Una cosa es pedir justificadamente
que se aceleren los procesos judiciales en curso y otra muy distinta es
querer pasar por encima de la potestad de la justicia para establecer
por ley una suerte de “perdonazo”, que sería una pésima señal para
nuestra institucionalidad y un incentivo a que ciertos grupos
minoritarios se sientan amparados por ley para cometer delitos.
Tampoco
parece adecuado que algunos sectores políticos, como el Partido
Comunista, estén planteando eliminar el criterio de los 2/3 para dirimir
las materias a tratar en la Convención, desconociendo así los acuerdos
alcanzados en el Congreso en el 15N. En estos días, se conoció un
documento del PC donde ahondan y exponen una serie de mecanismos para
lograr su objetivo, todos los cuales se alejan del espíritu que motivó
el acuerdo y son antidemocráticos.
Lo
que nos corresponde a todas y todos los demócratas es generar las
mejores condiciones para que la Convención Constitucional pueda ejercer
la labor que se le encomendó en condiciones adecuadas y dentro de los
marcos institucionales acordados de cara al país. Como ya he dicho en
esta misma tribuna, tan importante como el resultado de la Convención
será el desarrollo mismo del proceso. Supeditar el normal funcionamiento
a intereses particulares o tratar de obstaculizar los acuerdos
alcanzados, puede atentar contra el objetivo superior que se busca, que
es nada menos que un futuro mejor para Chile.