Hace
algunos días, el Ministerio de Educación publicó una nueva Política
Nacional de Convivencia Educativa que fija los ejes 2024-2030. Ésta se
construyó en base a un proceso de consulta de 40 grupos focales
distribuidos en ocho regiones del país, que centraron el diálogo en
cinco dimensiones: ética, formativa, gestión de convivencia, modos de
convivir y contextos de aprendizaje.
Algunos
de los puntos que se proponen son que el sentido ético es transversal a
todas estas dimensiones y también la necesidad de promover una
convivencia educativa basada en la reflexión de prácticas pedagógicas y
procesos de gestión para el cuidado colectivo y la inclusión.
Ante
lo propuesto surge la pregunta: ¿es esto lo que necesitan los colegios
hoy, cuando atraviesan una crisis de violencia de proporciones
históricas?
Si
bien es cierto que todo esfuerzo por aunar criterios hay que
celebrarlo, sobre todo cuando se dejan de lado las diferencias
político-ideológicas, no podemos obviar el complejo escenario actual que
solo vuelve a estar sobre la mesa cuando, a través de la prensa, nos
enteramos de una noticia dolorosa.
Con
el fin de aportar con ideas más concretas, que nacen de nuestro trabajo
en terreno con comunidades educativas que están permanentemente
desafiadas, desde Impulso Docente sugerimos algunas ideas concretas para
facilitar la comprensión, uso y aplicación de esta nueva política.
1.
Establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil que pueden
ayudar en la implementación de la política. El plan propone doce
cartillas temáticas como recursos educativos, pero estas dependen
netamente del interés y de la coordinación de las mismas comunidades
educativas para llevarlas a la acción. Una propuesta que podría
facilitar su uso sería crear alianzas con organizaciones de la sociedad
civil cuyos objetivos se alinean con los contenidos propuestos en las
cartillas para facilitar su uso y eventual mejora.
2.
Desarrollar un sistema de acompañamiento donde las comunidades
educativas pueden reportar acciones y buenas prácticas alineadas a esta
política para visibilizar y reconocer aquellos que están haciendo
esfuerzos por implementar.
3.
Articularse con la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de
la Niñez para mapear zonas geográficas y establecimientos educacionales
que requieran de una gestión individual o focalizada para la resolución
de conflictos según la gravedad de los hechos ocurridos
4.
Activar un comité de convivencia que lidere esfuerzos de coordinación e
implementación al interior de los establecimientos educacionales,
jardines infantiles y salas cunas. Idealmente compuesto por
representantes del equipo directivo, docentes, centro de padres y
apoderados, estudiantes, inspectores, auxiliares y otros profesionales
que son afines a esta temática a diario.
Sin
duda es importante hacer el esfuerzo de actualizar una política pública
tan sensible como esta y consultar a la comunidad en el proceso. Pero
también es fundamental hacer esfuerzos multisectoriales para que lo
propuesto no se quede solo en el papel y cobre vida en el territorio.
Nuestros niños y niñas lo necesitan, porque sin ambientes propicios, no
hay aprendizajes. El tiempo apremia.