Que
el Ministerio Público haya decidido no perseverar en la acusación
contra los 34 imputados por el caso SQM es la mejor señal de que las
instituciones hace rato dejaron de funcionar en nuestro país. ¿Se está
realizando el trabajo en Chile que debe hacer funcionar al país? Según
investigación del entonces fiscal Carlos Gajardo, al menos 31 de los 34
imputados participaron en operaciones para financiar actividades
políticas con dineros aportados por la minera SQM. La mayoría libró del
juicio porque el Servicio de Impuesto Internos (SII) no presentó
denuncias ni querellas. ¿Qué nos dice esto? Que en Chile las cosas no se
están haciendo bien. Entre los principales antecedentes obtenidos por
la Fiscalía aparecen involucrados el ex ministro Rodrigo Peñailillo
(PPD), muy cercano a la ex Presidenta Michelle Bachelet; dos hijos del
senador Jorge Pizarro (DC); el entonces diputado Roberto León (también
DC); la hermana del ex senador Fulvio Rossi (ex PS) y un hijo del
dirigente penquista de RN Claudio Eguiluz. Peñailillo, ex ministro del
Interior de Bachelet (2014-2015), ahora quiere ser senador, pero el PPD
ya le dijo que no. Él no solo emitió boletas que se pagaron con dineros
de SQM para financiar de manera ilegal la precampaña electoral de
Bachelet. Dentro de las investigaciones del Ministerio Público está
acreditado que Peñailillo junto al entonces ministro de Hacienda,
Alberto Arenas (PS), encabezaron presiones sobre la plana mayor del
Servicio de Impuestos Internos (SII) para que ese servicio no siguiera
colaborando con las indagatorias. Fue precisamente la inacción del SII
lo que llevó a que Fiscalía no perseverara en las investigaciones por
este bullado caso. También aparecen involucrados en otras aristas el ex
presidenciable Marco Enríquez-Ominami y el ex ministro de Economía Pablo
Longueira, quien desapareció de la primera línea política tras ello.
Los involucrados, algunos de los nombres antes descritos, han sido
claramente privilegiados con el tibio accionar de Fernando Barraza al
mando de Impuestos Internos, garantizándoles que no serían investigados.
Hay partidos como el PPD que tienen mucho que explicar acerca de su
relación con Julio Ponce Lerou -yerno de Augusto Pinochet- respecto del
financiamiento ilegal de la política.