La
corrupción es una de las amenazas más peligrosas para las democracias
modernas y para el desarrollo y avance de cualquier país, incluido
Chile. El uso de recursos estatales o, más bien, del poder del Estado
para fines particulares socava la legitimidad de las instituciones
políticas, genera crisis de representatividad, despolitiza a la
ciudadanía y, por sobre todo, impide que las instituciones estatales
logren satisfacer el interés público para el cual fueron creadas.
¿Por
qué esta amenaza es tan peligrosa? Son varias las razones por las que
la corrupción se puede asemejar a un cáncer muy maligno. Por una parte,
cuando recursos estatales (o más bien recursos de todos y todas las
chilenas) se destinan a satisfacer fines privados, se están dejando de
usar para los fines que se recaudaron. Cuando esfuerzos públicos caen en
manos de la corrupción, hay menos recursos para mejorar nuestros
hospitales públicos, nuestras escuelas estatales, nuestros municipios y
nuestros parques. Viéndose más afectados, como siempre, aquellos que
requieren con mayor urgencia del uso de los servicios públicos. Por otra
parte, los casos de corrupción generan justificadamente en la
ciudadanía una desconfianza en quienes ejercen funciones públicas y,
finalmente, en el propio Estado y todas sus instituciones. La
desconfianza en las instituciones políticas produce más corrupción
(pública y privada), ya que, como un cáncer, estos comportamientos
empiezan a normalizarse
transformándose en una forma ‘normal’ de convivencia. La corrupción
genera la sensación de que ‘da lo mismo quien esté en el poder, pues
todos son corruptos’, probablemente una de las principales razones
detrás de las altas tasas de abstención electoral.
La
corrupción es una amenaza contra la que luchan todos los países, por
eso existen tratados internacionales como la Convención Interamericana
contra la Corrupción de 1966 y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción de 2003, a los que Chile ha adherido. Aún cuando
hemos avanzado en nuestro estatuto contra la corrupción, aún tenemos
grandes desafíos pendientes. Los indignantes casos de Soquimich, Penta y Corpesca nos demostraron que hay mucho aún por hacer a nivel nacional. Además, a nivel local, las
dolorosas e indignantes noticias de lo sucedido en el municipio de
Puerto Natales hace urgente una revisión de las facultades
fiscalizadoras del Concejo municipal que permitan un control de todos
los fondos municipales.
Hay
dos aspectos fundamentales en que la Nueva Constitución debe contribuir
a la lucha contra la corrupción. En primer lugar, el proceso
constituyente debe ser un ejemplo de probidad y transparencia. La Nueva
Constitución es una oportunidad para demostrarnos como chilenos y
chilenas que una nueva política es posible, sin conflictos de interés y
abierta a la ciudadanía.
Para ello, es esencial que el Reglamento de la Convención (que
fijaremos los propios convencionales al iniciar la discusión) contemple
mecanismos de transparencia de los debates, reglas de lobby y probidad,
junto a mecanismos de participación ciudadana. Además, la Nueva
Constitución debe
mantener los actuales principios de probidad y transparencia, pero en
versiones más fuertes y robustas, que nos permita avanzar en un mejor
Estado, en el que todos y todas tengan igual acceso a los servicios
públicos.
Decidamos, participemos y votemos este 10 y 11 de abril
Javiera Morales Alvarado
Candidata a la Convención Constitucional Lista Apruebo Dignidad y Profesora Derecho Constitucional UMAG
Jorge Toro
Abogado Magíster en Derecho Penal