El mundo, el país y
nuestra región hoy enfrentan las consecuencias de la crisis medio
ambiental. El resultado de más de un siglo de irresponsable actividad
productiva y extractiva tiene a algunos chilenos y chilenas viviendo en
lo que tristemente conocemos como ‘zonas de sacrificio’. Por ello, los
magallánicos y magallánicas vemos con mucho temor cómo la industria
salmonera se apropia cada vez más de nuestros fiordos y mares. A ello se
suma el impacto global de la crisis ambiental derivada del
aceleramiento del cambio climático, que es un desafío
que debemos enfrentar como humanidad entera, y cuyas consecuencias ya
se evidencian en nuestra región al notar año a año cómo retroceden
nuestros glaciares.
La
Constitución actual ‘se queda chica’ ante estos enormes desafíos. Su
listado de derechos (lo que conocemos como parte dogmática) solo
contempla el derecho ‘a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación’, cuya configuración se aleja de la tendencia
internacional. Su ‘sala de máquinas’ (lo que conocemos como parte
orgánica, donde se regula a los principales órganos del Estado) es
bastante deficiente estableciendo solamente un deber general de
protección y tutela por parte del Estado, que no ha sido suficiente para
evitar las zonas de sacrificios.
La
nueva Constitución es una oportunidad para alcanzar un nuevo pacto
social medioambiental que nos habilite a enfrentar esta crisis. Debemos
ajustarnos a los estándares internacionales y consagrar el ‘derecho a
vivir en un medio ambiente sano y equilibrado’, que deje atrás la
concepción del ecosistema como un conjunto de recursos para ser
extraídos, y reconozca que somos una parte integrante del mismo y lo
requerimos para seguir subsistiendo. También debemos avanzar en la
inclusión de principios como la justicia ambiental, que de cuenta de la
solidaridad intergeneracional, y el reconocimiento del agua, el suelo,
los minerales y el espacio marino y costero como bienes comunes cuyo
destino se defina en función del bien colectivo, y no en función de
intereses privados.
Pero
la constitución no solo son derechos y principios, la ‘sala de
máquinas’ requiere incluir derechos procesales que aseguren la
participación directa y vinculante de la ciudadanía para evitar los
conflictos socioambientales, o darles solución si estos se producen.
También el fortalecimiento de la ciencia y de su mejor aliada -la
universidad pública presente en cada región y territorio de nuestro
país- es necesario para que los derechos y principios medioambientales
no queden solo como buenas intenciones en un papel, y se materialicen en
una institucionalidad fuerte y garantista.
La
lucha contra la crisis ambiental no se ganará solo con la Nueva
Constitución, pero ella es una oportunidad para alcanzar un nuevo pacto
socioambiental que nos habilite a transitar por un nuevo modelo de
desarrollo en el que iniciemos una nueva relación de nuestra sociedad
con la naturaleza.
Decide, participa y vota este 11 de abril.