Cuando
la retórica política se inflama más allá de las realidades que pretende
designar o describir, cuando el discurso se vuelve impostado y
ampuloso, se produce una inconsistencia y un desfase o disonancia
cognitiva que erosionan la credibilidad. Esto ha sucedido reiteradamente
en la relación de muchas de las actuales autoridades de gobierno con el
tema de la seguridad pública. Estamos en presencia de una camada de
dirigentes pertenecientes a una izquierda religiosa, con profunda
raigambre burguesa, que hicieron sus primeras armas en política en el
mundo estudiantil insultando, ofendiendo y agrediendo con inusitada
violencia a las fuerzas de orden y seguridad. Aún están vivas en la
memoria imágenes y dichos de estos líderes proveyendo soporte político y
moral a quienes, hace pocos años, agredían lanzando piedras, elementos
contundentes, bombas molotov y variados objetos arrojadizos, contra
funcionarios de Carabineros de Chile.
Más
adelante, cuando lograron acceder a la arena parlamentaria, y se
suponía que le darían un nuevo aire a nuestra vida pública, no
desaprovecharon ocasión para denostar a las policías, insultar a sus
representantes, acusarlas de graves delitos y sindicarlas ligeramente
como violadores masivos de derechos humanos. Existen decenas de
publicaciones en medios de comunicación y en redes sociales de dichos de
actuales autoridades en ese sentido, que trasuntan profunda
irresponsabilidad e infantilismo. Subyace a este comportamiento liviano
la tosca idea de que los asuntos de seguridad, orden y legalidad son de
derecha, y por lo mismo ellos, los líderes providenciales del tiempo
nuevo, no tienen que mancharse con esa tendencia para proteger su
impoluta integridad de izquierda.
A estas alturas, la verdad es que esta concepción de la vida social y
política sólo pone en evidencia que en la visión de estos dirigentes
prevalece una mentalidad ingenua, un agudo complejo psicológico y una
terca incapacidad para comprender los problemas propios del mundo
actual; en suma, los obnubila el opaco y mustio telón de fondo de la
ideología.
Lo
anterior tiene el complicado efecto de arrastrar al país a un problema
muy serio, que compromete ni más ni menos que la posibilidad de tener
una convivencia democrática tranquila y pacífica, que es la condición
mínima indispensable para formular e impulsar cualquier proyecto de
sociedad. Este problema radica en que por mucho que las autoridades
actuales condenen la violencia, anuncien penas y castigos ejemplares,
prometan movilizar todas las fuerzas y energías estatales para combatir
la delincuencia y empeñen su respaldo sin restricciones a Carabineros,
su pasado es una rémora tan aparatosa que les resta credibilidad y hace
que muchas de esas encendidas declaraciones, no sean más que expresiones
de voluntarismo y ejercicios de palabrismo; es decir, palabras que
significan poco o nada.
Por
lo mismo, las autoridades, en este orden de cosas, en lo que atañe a la
seguridad pública, la contención eficaz de la violencia, la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, simplemente no son
capaces de transmitir confianza a la ciudadanía. No se conjuran las
lacras sociales con meras palabras, discursos o actos efectistas, sino
que, en primer lugar, con convicciones bien asentadas, luego con una
determinación consistente con esas convicciones y, finalmente, con
estrategias, tácticas y cursos de acción inteligentes dirigidos a
combatir el flagelo de la violencia y sus devastadoras consecuencias.