Chile
es y, seguirá siendo, uno de los países más gravemente dañados por la
crisis climática. Es que la megasequía que azota al país por más de una
década, los incendios forestales que destruyen miles de hectáreas de
bosques, afectando su flora y fauna; los aluviones, temporales y
temperaturas extremas, han sido solo algunas de las consecuencias.
El gran responsable es el ser humano y debemos hacernos cargo, aunque
pertenezcamos a un lejano rincón del planeta y no aportemos más del
0,26% del CO2 mundial.
Naciones
Unidas advirtió que la Tierra podría ser un “infierno inhabitable” ya
que en los últimos 20 años se produjeron 7.348 desastres naturales en el
mundo, aumentando peligrosamente a un 74,4%. Catástrofe que cobró 2,3
millones de vidas humanas y afectaron a más de 4.200 millones de
personas, generando pérdidas económicas por casi US$3 trillones.
En
este escenario, y con la instalación de la Convención Constitucional,
nos deberemos obligar y exigir, que la nueva Constitución resguarde la
convicción de que nuestro gran bien común; nuestro entorno, nuestro
ecosistema, nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza y medioambiente,
son invaluables. Deberemos garantizar el cuidado y protección del lugar
donde vivimos y el que queremos entregar a las futuras generaciones. Las
dimensiones ecológicas y sociales deben ser un rango de máxima
jerarquía en la nueva Carta Magna y un concepto que debe conducir a un
equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad.
Asegurar
el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y preservar la
naturaleza, son deberes del Estado, presentes en la actual
Constitución. Sin embargo, nuestra historia medio ambiental ha develado
que no por ello, la tarea queda resuelta. Afortunadamente, poco a poco
la conciencia verde y la instalación de una economía sostenible se está
arraigando fuertemente en nuestra sociedad y muy positivamente en el
mundo empresarial.
El
gran desafío de los convencionales en nuestro proceso constitucional
debe incluir y poner en valor, la protección de los ecosistemas,
contemplar el mantenimiento y la recuperación de los bienes comunes, la
producción, extracción y consumo sostenible y, por supuesto, la equidad
social frente al medioambiente.
Hay
que asentar, las bases del respeto por la madre tierra y sus
comunidades a través del Estado, y que se consolide transversalmente en
todas las áreas y disciplinas. Un cambio cultural clave para el futuro
de Chile donde ya se está instalando también el impulsar un sistema
financiero orientado a la inversión sostenible que se ocupa del
crecimiento económico, del cuidado de la salud de las personas, la
reducción de emisiones y el pilar social.
Así,
el gran desafío país es aprovechar esta oportunidad histórica para
converger e inspirarnos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
que impulsa la Agenda 2030 de la ONU, y así, transformarnos en líderes
de una nueva era para Chile y la humanidad.