La
Constitución Política de Chile define que el jefe de Estado tiene la
obligación de rendir cada año una cuenta pública sobre el estado de la
nación. La Cuenta Pública es una costumbre que data desde la
Constitución Política de 1833, por tanto, es un acto tradicional
republicano que fomenta un accionar transparente desde el Gobierno hacia
la ciudadanía, representada por el Congreso Pleno. Lo esencial es que
el Presidente comunique el estado administrativo y político de la
nación, informando lo realizado el último año y además proyectando la
agenda legislativa y política que impulsará durante el tiempo de mandato
que le resta. De esta forma, el 1 de junio (fecha original de la cuenta
pública) el presidente Boric realizó su tercera Cuenta Pública.
En
su cuenta pública, el presidente Gabriel Boric, resaltó los principales
avances alcanzados durante el año 2023, donde el principal énfasis y
dedicación estuvo centrado en los temas de seguridad y economía. En
materia de seguridad pública destacó que en su gobierno ha tenido los
mayores aumentos presupuestarios porcentuales en ocho años y que gracias
a la colaboración del Congreso, se han aprobado 55 leyes, lo que ha
permitido actualizar la institucionalidad. En lo que respeta a Economía,
el presidente destacó con orgullo la estabilización de la economía, lo
cual ha permitido controlar la inflación, aumentar las expectativas de
crecimiento, crear nuevos empleos y lograr la mayor inversión extranjera
directa desde el año 2015, entre otros logros. Destacó, en forma
particular, el aumento del salario mínimo a 500 mil pesos a partir de
julio y el inicio de la reducción progresiva de la jornada laboral a 40
horas. Discusión aparte tiene relación a si estos logros son parte de
una nueva forma de gobernar o si son producto de las prácticas
neoliberales y a lo obrado en los últimos 30 años. Sin duda una
discusión pendiente, especialmente dentro del Frente Amplio.
En
lo que respecta a la mirada de futuro, el presidente Boric anunció un
total de 61 medidas a implementar en lo que resta de su Gobierno. La
gran mayoría de las medidas anunciadas fueron bien acogidas por gran
parte de la comunidad; sin embargo, algunas generaron polémica inmediata
y reacciones muy distantes al espíritu republicano y democrático propio
de la cuenta pública. Entre las medidas más polémicas de la Cuenta
Pública 2024 tiene que ver con los anuncios de que el Gobierno impulsará
dando urgencia al proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos;
además del ingreso de un proyecto de ley de aborto legal en el segundo
semestre. En relación a la Eutanasia hay que decir que desde el año 2011
se discute un proyecto en el Congreso, cuyo trámite ha sido dificultoso
y trabado, pero que en el 2021 fue aprobado en la Cámara de Diputados y
Diputadas. En 2022 el presidente Boric ya hizo la misma promesa; sin
embargo, no encontró los apoyos necesarios en el Senado y desde octubre
de ese año el proyecto no ha tenido movimiento. El proyecto busca que la
persona a quien se le haya diagnosticado un problema de salud grave e
irremediable tenga el derecho a decidir y solicitar asistencia médica
para morir. Sin duda un debate necesario y pendiente sobre el derecho a
la autodeterminación sobre la propia vida a las personas enfermas.
Muchas personas enfermas terminales deben sufrir graves consecuencia
producto que las medidas paliativas ya no generan alivio. Optar por la
libertad, por la autodeterminación, parece ser el escenario más justo
para la dignidad humana. Según las encuestas, desde hace más de una
década, una mayoría de la población está de acuerdo con implementar la
eutanasia en Chile, lo que muchos de los distractores tienden a omitir.
El
anuncio del Presidente sobre ingresar al Congreso un proyecto de ley
para legalizar el aborto durante el segundo semestre de este año provocó
airadas reacciones y un intenso debate. Como dijo el presidente hay que
avanzar y no retroceder. En Chile ya existe el aborto legal (Ley IVE) y
se aprobaron 3 causales para ello (riesgo vital, inviabilidad del feto y
violación), que para el correcto ejercicio del derecho necesita mejoras
en su implementación. Se sobre entiende entonces que un nuevo proyecto
buscará avanzar hacia el aborto libre para lo cual se requiere una
propuesta sobre despenalización y el límite de semanas para la
interrupción. Seguramente una discusión democrática procurará escuchar y
entender todas las posturas; sin embargo, nadie puede negarse a debatir
el tema, que implica derechos sexuales y reproductivos. Queda pendiente
el análisis político de la medida: no teniendo los votos ¿el gobierno
se la jugará por concretar esta ley o es sólo una estrategia para marcar
la discusión en la carrera presidencial? En lo personal, espero sea lo
primero.