La
propuesta de algunos parlamentarios, acerca de la posibilidad de
amnistiar a quienes en el contexto del estallido social incurrieron en
acciones violentas o hechos que en una situación de normalidad
institucional serían claramente constitutivos de delito, no ha tenido
hasta el momento una respuesta. El gobierno asume que dicho evento no
tuvo un carácter insurreccional sino que se trató de una manifestación
ciudadana que concluyó en un nuevo proceso constituyente. Por el
contrario, hay quienes piensan que dichas manifestaciones no fueron
pataleta, ni importaron manifestaciones pacíficas y aisladas de un grupo
de personas que tenían pretensiones difusas o incongruentes. La
intencionalidad política en dicha protesta ciudadana es evidente, tanto
es así que concluyó en un proceso constituyente que pretende realizar
cambios sustanciales en las instituciones y en el conjunto del
ordenamiento político y social. La pretensión de resolver el conflicto
con las personas arrestadas por vulnerar el orden público conforme a los
procedimientos regulares que establece el ordenamiento procesal penal
se ha demostrado infructuosa, en el límite de la opereta, evidenciándose
incongruente, y falto de proporcionalidad, al hacerse un uso extensivo y
abusivo de la prisión preventiva, que no está concebida para contener
las manifestaciones públicas o de protesta social, transformando a esta
institución en una condena anticipada que puede ser inclusive mayor a la
pena asignada para determinados delitos en un contexto de normalidad.
Es preciso dilucidar problemas correlativos al delito político a efecto
de obtener una mejor comprensión, teniendo presente la finalidad
principal que es llegar a la globalización pragmática de los derechos
humanos y la construcción de una sociedad guiada por los ideales de
libertad e igualdad. No es posible a estas alturas, cuando fue preciso
flanquear con rejas hasta el monumento al General Baquedano, pretender
que los manifestantes deben comportarse, todos ellos, como sujetos
democráticos, dotados de una formación integral, capaces de ejercer
responsablemente sus derechos y manejar los conflictos y sus diferencias
a través de las formas democráticas de solución de controversias. El
fin de este debate político y legislativo, no puede centrarse en la
condena a la violencia o en la necesidad de sancionar el delito,
incrementando los efectos nocivos de la crónica roja, sino que debiera
razonablemente concluir en la práctica de los derechos humanos, el
respeto de la vida e integridad física y psíquica de quienes no están
implicados directamente en estas manifestaciones, en la aplicación del
principio al respeto de la dignidad de las personas, la importancia que
se cumpla el debido proceso, y de paso se reconozca la libre
autodeterminación de los pueblos, aún cuando estas manifestaciones hayan
tenido episodios de violencia y descontrol. La pretensión que un millón
y medio de personas se manifiesten en paz, con flores o portando
pancartas es rayana en la estupidez, no tiene que ver con nuestra
realidad, máxime si se considera la experiencia histórica, esto no fue
posible en términos absolutos ni siquiera en la India, en los tiempos
Gandhi, donde igual se registraron hechos de violencia, que no fueron
obstáculo para considerar que dicho proceso independentista, fue
necesario, legítimo y no violento. Es preciso considerar que estos son
ciclos, que una sociedad con criterios de consenso los tiene que agotar
y sortear en forma rauda y sabia a efecto de encontrar su progreso,
caso contrario la clase política solo incrementa su desprestigio, parece
aullarle a la luna, se desconecta absolutamente de la realidad social,
olvida el contexto político y que motivó el estallido social, dado que
sostener y aferrarse al procedimiento procesal penal regular para
resolver el conflicto jurídico que afecta a una multitud de personas que
manifestaron su voluntad política y de cambio, claramente no es un
hecho al cual sólo se le pueda dar un tratamiento particular, aislado
del contexto histórico y del conflicto social, en estas y otras materias
para la autoridad política el contexto lo es todo, encontrándose
impedida de imponer una sola forma de control penal como solución.