Hace
un poco más de una semana terminó el mes de octubre. Y cerramos el
décimo mes del año con una celebración que hemos adoptado desde el
extranjero y que en pocos años se ha popularizado de gran forma, en
especial con nuestros niños y niñas (y algunos no tan chicos también)
como es Halloween.
Pero
muy pocos –o quizás un número mayor de personas que desconozco– se
acordaron de que el 31 de octubre terminó el mes del adulto mayor en
Chile, instancia que debería tener un reconocimiento mayor por parte de
nuestra sociedad, considerando el aporte que la gente que transita por
la tercera y cuarta edad, le ha hecho significativamente a Chile.
Y
no solo el aporte laboral y al crecimiento del país. También debemos
recordar los duros momentos que pasaron producto (y que muchos de ellos
lo siguen padeciendo) de la pandemia del Covid 19 que los mantiene en
vilo y encerrados para evitar que los contagios los ataquen.
Pero
como no todo es malo, el pasado 28 de septiembre, la Sala del Senado,
aprobó el proyecto de ley que reconoce a los cuidadores y las cuidadoras
de adultos mayores no autovalentes y personas con discapacidad como
sujetos de derecho a atención preferente en el ámbito de la salud,
quedando en completas condiciones de transformarse en ley de la
República.
Esta
noticia tiene una relación directa, desde mi punto de vista, porque la
labor que cumplen los cuidadores y cuidadoras de adultos mayores es
fundamental en la vida diaria de muchas familias en nuestra Región de
Magallanes y de Chile.
Es
una muy buena noticia para quienes hemos trabajado desde siempre en
favor de este importante grupo de la sociedad chilena, pero es un
pequeño paso para reconocer y visibilizar a un importante grupo de
personas que cumplen una tremenda labor, y donde en su mayoría, son
mujeres, muchas de ellas también adultas mayores que están en plenitud
para tomar una responsabilidad de cuidar a otra persona.
Pero
¿en qué consiste esta nueva normativa legal? Es incorporar a los
cuidadores y cuidadoras “entre los titulares del derecho a ser
atendidos, en forma preferente y oportuna, por cualquier prestador de
acciones de salud, con el fin de facilitar su acceso a dichas acciones,
sin perjuicio de la priorización que corresponda aplicar según la
condición de salud de emergencia o urgencia de los pacientes, de acuerdo
al protocolo respectivo”, según se explica en el propio proyecto ley.
Además,
permite crear una normativa legal que le entregue una efectiva
protección a los cuidadores y cuidadoras que, tal como lo señalaba
anteriormente, en su gran mayoría son mujeres que no pueden desempeñar
una actividad económica diferente a la de estar a cargo de un adulto
mayor, con toda la responsabilidad que ello conlleva porque no se trata
de estar sólo con ellos, sino que hay que atenderlos y estar con la
permanente preocupación por su estado de salud.
Es
mucha la responsabilidad que tienen sobre sus hombros porque estos
adultos mayores no se pueden valer por si solos, cuentan con algún grado
de discapacidad y por ello es vital la labor de los cuidadores.
Estos
temas relacionados con los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores
seguirán siendo una prioridad en mi labor parlamentaria cuando llegue
al Senado.