Con el paso de los años,
como sociedad nos hemos ido haciendo cada vez más conscientes de las
múltiples y naturalizadas brechas de género que nos ponen a las mujeres
en posiciones de desventaja a la hora de afrontar las mismas tareas que
los hombres. No se trata solo de la reconocida brecha salarial y su
consiguiente reflejo en el acceso a bienes y servicios o en las
pensiones al momento de jubilar, sino que siguen existiendo condiciones
estructurales que la mayoría de las veces se transforman en obstáculos
para el pleno desarrollo de las mujeres en la vida pública, pues debemos
cumplir también con el mandato implícito de asumir las labores de
crianza y cuidados. La pandemia del COVID19 dejó esta realidad aun más
al descubierto y datos del Ministerio de Desarrollo Social, en el año
2021, nos mostraron, por ejemplo, que en el 88% de los hogares que
cuentan con al menos un hombre mayor de edad, las labores domésticas y
de cuidado siguen siendo responsabilidad de una mujer. Naturalmente la
persistencia de esta condición perpetúa las brechas ya existentes.
Si
bien, particularmente en el mundo del trabajo remunerado, se han
levantado hace años diferentes iniciativas para hacerse cargo de esta
problemática, estas han ido mayoritariamente en la línea de conceder
garantías a las mujeres trabajadoras o flexibilizar sus condiciones para
que puedan compatibilizar sus labores remuneradas con el trabajo
doméstico y de cuidados. Pero con esto la carga y la responsabilidad
sigue recayendo casi exclusivamente sobre nosotras, quienes
mayoritariamente vivimos en primera persona esta condición de doble
presencia y, por lo tanto, doble carga laboral.
Por
eso cuando nos encontramos en medio de un proceso constituyente es
necesario volver a poner sobre la mesa la discusión sobre la división
sexual del trabajo y preguntarnos cómo, desde una perspectiva de género
integral, podemos contribuir a la creación de políticas públicas que,
por ejemplo, reconozcan y protejan a las personas que realizan trabajo
doméstico y de cuidados y, al mismo tiempo, nos permita avanzar en
materia de corresponsabilidad. Solo incorporando un enfoque reflexivo y
crítico respecto a este tema, junto con impulsar desde el Estado
políticas públicas e instituciones a la altura del desafío, podremos
avanzar realmente en la reducción de las brechas de género y permitir
igualmente el desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida
en igualdad de condiciones.