Efectivamente, como indica el Diario La Prensa Austral, apareció,
abandonada, demacrada, sin los apoyos y compañía de quienes la llevaron a
liderar la principal empresa de la región, a sabiendas que no resultaba
prudente trasladarla desde la modesta escuela de Río de Los Ciervos a la
Secretaría General de La Corporación Municipal de Punta Arenas, para la
Educación, Salud y Atención al Menor.
Nombramiento marcado por la temeridad y la búsqueda de incondicionalidad,
posicionando a una persona a la cual se le impartieron órdenes ilegales que han
provocado un daño inconmensurable a cientos de trabajadores de la
educación. Esta mezcla extraña de
ambición personal e irresponsabilidad política, significó que a pesar de los
recursos extraordinarios proporcionados
por el Ministerio de Educación, en poco más de un año y medio de gestión se
haya agudizado la crisis financiera, desafiando los principios básicos de la
contabilidad gubernamental y de una sana administración.
Un Concejo de Opereta, que aprobó sistemáticamente los balances de la
Cormupa y los Padem, sin cumplir con las
normas que los obligaban a aprobar presupuestos debidamente financiados,
contribuyó a este descalabro.
Así, se desmitifica la confusión creada artificiosamente, en el sentido que
el problema es la falta de recursos, los problemas estructurales de la
educación pública, jamás esclarecidos ante la comunidad, cubiertos por el velo
de la duda y la explicación fácil que
“hacer ciudad”, era más cemento y menos
inversión municipal en educación. En el
último año de la administración Boccazzi, se dejaron de aportar $ 500.000,000 a
la Cormupa, que se rebajaron en la misma proporción que el Ministerio de
Educación, aumentaba su aporte, paralelamente se tomaron dineros de los
trabajadores que hoy suman $ 600.000.000, que se adeudan a la Caja de
Compensación La Araucana.
Estas decisiones erróneas, alentadas por consignas y la pasividad de la
autoridad pública fiscalizadora y del propio Mineduc, limitado a alentar la
reforma educacional, provocaron una combinación explosiva, culpas públicas,
culpas privadas, incapacidad de ajustar el gasto, ambición personal, ambición
política, frenesí electoral, falta de estudio y preparación, negligencia
inexcusable, todo en nombre del derecho social a la educación y la gratuidad
universal.
Al final, sólo cabe, manifestar condolencias, la responsabilidad política
no es buena compañera de la ambición y la culpa es siempre funcionaria,
personal, parte del costo que debe
asumir quien se expone al escrutinio público en el ejercicio del cargo.
Tarea pendiente, determinar la autoría mediata, precisar quien dio las órdenes,
las instrucciones, las explicaciones y alientos a gastar sin transar,
endeudarse y asumir compromisos con proveedores e instituciones financieras,
porque total el problema era político, un tema de Estado, cuya comprensión era
un tema complejo, sólo apto para elegidos.