En
nuestro país, las mujeres representamos el 51% de la población y el 52%
del electorado, sin embargo, en el Senado representamos solo el 23,2%,
en la Cámara de Diputados el 23,9%, el 11,5% de las alcaldías y el 22%
de los concejos municipales del país.
Teniendo
en cuenta lo anterior, asegurar la participación de las mujeres en la
toma de decisiones y la igualdad de oportunidades de liderazgo en la
vida política, es esencial para avanzar hacia una mejor
representatividad.
Queremos
equidad y que esta comience a plasmarse en el día a día y no solo en
los discursos, pues si bien estamos avanzando, aun nos falta muchísimo
camino por recorrer para ser una sociedad completamente equitativa en
materia de género como lo son, por ejemplo, Suecia, Noruega y Francia,
países en donde han entendido que el principio de la igualdad de género
puede promoverse solo si las mujeres ocupan puestos directivos, como
parlamentarias, como miembros del personal parlamentario, como
concejalas, como alcaldesas, pues en estos puestos estarán en
condiciones de influir en las orientaciones de la política, cambiar los
procedimientos y las prácticas, servir como ejemplo a otras mujeres y
ofrecer una perspectiva diferente en los diversos debates.
Por
ello es relevante la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de
las leyes 18.695 y 19.175 para establecer una cuota de género en las
elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, incluyendo
las mejoras hechas en la comisión de gobierno que responden a eliminar
la cuota de género en los cargos nominales, ya que una propuesta de esta
naturaleza afectaría principalmente a los partidos más pequeños o a los
partidos regionales para quienes es prácticamente imposible cumplir con
este tipo de cuota.
Otro aspecto relevante en las modificaciones dice relación con la transitoriedad de la ley que señala
que las disposiciones solo serán aplicables para los procesos
electorales de consejeros regionales y concejales por cuatro periodos
electorales. De este modo se reconoce indirectamente que una vez que se
genera un cambio cultural en el país ayudado por esta ley ya no se
requeriría normar al respecto.
No
es posible llegar al convencimiento de que establecer una cuota de
género a estos cargos sea la mejor herramienta para asegurar la
representatividad. También se deben tener en cuenta otras alternativas
paralelas para solucionar la gran desigualdad de género que existe en la
arena política. Aquí resulta clave plantear si la representatividad en
cargos públicos debe que ser obligatoria y coercitiva mediante la
dictación de una ley o bien, si la representatividad pasa por un aspecto
cultural y sociológico mediante el cual la mujer se incorpora de manera
natural y espontánea a los cargos públicos y de elección popular.
Es de esperar que a largo plazo esto se logre, mientras, la reciente instancia votada en la Cámara, sin duda aporta.