El
debate constitucional, se ha reducido a gigantografías, mensajes a la
comunidad a través de las redes sociales y una que otra expresión de
apego al terruño. La verdad es que ninguno de estos esfuerzos nos
explica como nos unifican e integran en un proyecto nacional, en que
podemos coincidir, siquiera mínimamente en el plano de los deseos,
generando un espacio de mutua aceptación. Por el contrario, más bien
prima un clima de descalificación, de negación y de no aceptación o
tolerancia, de expresión de delirios y no de deseos que se puedan
encauzar en un proyecto político coherente. En este contexto de
desencuentros, de torpezas y pequeñeces no es posible un clima de mínima
armonía y coincidencias que nos permitan una sana convivencia.
Existen
discrepancias insalvables, diferentes percepciones de la realidad y de
las necesidades que no logran coincidir en la agenda mínima, con
estándares de bienestar que salvaguardando la dignidad humana nos den la
tan ansiada estabilidad, crecimiento económico y libertades
individuales que se expresen en una nueva constitución.
En
tanto, el empresariado atribuye nuestras dificultades a la inmigración,
y al desincentivo que significaría una renta básica mínima nacional de
emergencia, la oposición persiste en recurrir a la alcancía, al retiro
de fondos de pensiones y un elaborado conjunto de propuestas que no
contienen una clara iniciativa de cómo se financian. O sea, se oscila
entre el populismo desaforado y los prejuicios de un sector privilegiado
que no evidencia ningún compromiso y disposición de contribuir a una
mayor recaudación fiscal que posibilite financiar el gasto social.
En
realidad, no hemos presenciado, al menos en Chile, el fin de la
historia, sino que la pandemia nos ha hecho retroceder a los orígenes de
un confrontación brutal entre el mundo del capital y del trabajo, donde
por ley durante años se les dijo a los trabajadores que lo normal era
aportar a sus cuentas de ahorro individual sin aporte patronal, pero que
dichos fondos constituían su previsión. Así , el empresariado se
limita a defender un privilegio, y una situación de excepción a nivel
mundial, que les autoriza a no aportar a ningún sistema de previsión
social. La resolución de este injusto está en manos del Congreso,
pues si pudo autorizar un retiro parcial puede autorizar un retiro total
y sentar las bases de un nuevo sistema de previsión social mixto o
tripartita, pero en el cual el empleador no puede quedar ausente.
En
esta materia y en otras, la labor de los constituyentes no se reduce a
expresar generalidades, sino que deben presentar a la comunidad
propuestas concretas, en el mundo del trabajo, de la justicia, de los
derechos sociales , de las libertades políticas y de la distribución y
separación de poderes. Por cierto, no se partirá de cero y nunca ha
sido así en nuestra historia constitucional, pero si con una hoja en
blanco que esperamos se llene con creatividad y cordura, caso contrario
ninguna posibilidad tenemos de una pacífica convivencia, y viviremos un
periodo de post- pandemia y de incertidumbre constitucional que nos
ocasionará un grave daño como país.
El
regateo de empresarios y del gobierno en nada aportan, pues si la
propuesta consiste en que un sector de la sociedad limita su
contribución a proporcionar empleos, en realidad los desheredados del
sistema, que ya reventaron el chanchito de las AFP, irrumpirán en las
próximas elecciones debilitando aún más el poder político y sucumbirán
ante cualquier propuesta populista, así no habrá una mejor constitución
ni se garantizará una mejor convivencia, pues aprendieron que el manido
argumento del desempleo o la baja en el crecimiento económico no les
afecta a los que nada tienen.
La falta de debate constitucional en esta etapa, afecta gravemente la necesaria participación ciudadana, ni el anunciado cerco a la asamblea constituyente constituirá presión alguna sobre quienes pueden ser
electos en tales condiciones, más dedicados a la libre especulación que
a un trabajo serio y dedicado, aplicado al reconocimiento de principios
y elaboración de normas de la más alta jerarquía normativa.