Ejercer
el poder comporta riesgos y hasta suele conllevar a abusos.
Periódicamente, los ciudadanos comunes y corrientes constatamos
arbitrariedades y, en ciertas ocasiones, hasta nos vemos afectados por
ellas. Sucede con todos los gobernantes, de todas las latitudes; sin
embargo, lo genérico de la afirmación no debe conducirnos a relativizar
sus consecuencias. De ahí, justamente, la importancia de contar con
reglas que limiten el poder, y de recurrir a la ética, barrera de
contención permanente para todo quien ejerce una función de poder.
Maquiavelo, Montesquieu, Locke o Tocqueville, por citar a algunos,
contribuyeron a encauzar el poder de príncipes y monarcas; otros
pensadores contemporáneos han aportado su dosis al perfeccionamiento del
ejercicio del poder en las democracias.
Conscientes
de la desconfianza que genera la concentración del poder, sus
aspirantes suelen prometernos compartir sus decisiones, organizar
consultas vinculantes y otras formas de limitación del ejercicio. Sin
embargo, una vez instalados en él, se topan con la realidad de la
función, la rapidez con que deben implementar las decisiones y con los
calendarios políticos que privilegian la próxima elección por sobre la
estrategia del país. Entran de esta manera al ejercicio práctico de la
función y, entonces, escuchamos decir que “otra cosa es con guitarra”.
Las promesas son olvidadas, las metas a alcanzar minimizadas y las
costosas campañas de comunicación se encargan de explicar lo que se
quiso hacer y no se pudo. Resignados a esta realidad, pareciera ser que
en los tiempos presentes, uno vota más por el candidato en quien confía
(o desconfía menos que en el otro…), que por el catálogo de medidas que
propone. Así, importaría más identificarse con valores de tipo
ético-ideológicos, que con la viabilidad de reformas o con la propia
gobernanza del país.
Reglamentar
el poder debiera ser una preocupación fundamental del ciudadano. En el
ámbito que rige las relaciones entre los particulares, contamos con el
derecho civil, comercial, laboral, de la libre competencia, ambiental,
tributario… y existen los tribunales encargados de sancionar abusos y
reparar faltas o delitos. No siendo una perfección, es ciertamente el
zócalo de la convivencia social y un amparo eventual ante los abusos. En
el ámbito público, en cambio, la cosa se complica. Los controles
ejercidos a la autoridad por el Congreso, Tribunal Constitucional o
Contraloría, no parecen ser suficientes. De hecho, en nuestro país –
¡caso inédito en América latina! – no existe un derecho administrativo
como tal, con código y tribunales, para proteger a la gente frente al
Estado y, las vías de recurso son, por cierto, insuficientes.
Lamentablemente, nada señala el proyecto de nueva Constitución al
respecto.
La
lógica indica que toda autoridad debe asumir en plenitud cada uno de
sus actos; y su responsabilidad es múltiple: política, frente otros
cuerpos del Estado y sobre todo ante quienes la eligieron; ética o
moral, ante la misma ciudadanía en su conjunto; administrativa, y hasta
penal, si acaso así se ameritara. Los ciudadanos, aunque alejados del
poder, estamos llamados a observar su funcionamiento y a mantenernos
alertas ante abusos y errores. En democracia, podemos criticar,
denunciar, recurrir, manifestar, sancionar con nuestro voto. No debemos
olvidar que todo poder es prestado, ya que emana del pueblo, o sea de
nosotros, y está condicionado exclusivamente al servicio público. Somos
los ciudadanos los que conferimos al gobernante su contenido, la
autorización para ejercerlo y sus límites.
Las
equivocaciones de quien ejerce el poder suelen ocurrir y son
comprensibles. El error forma parte de la acción; solo quien no actúa no
se equivoca. Ofrecer disculpas por errores cometidos honra a quien lo
hace de buena fe, la ciudadanía toma debida nota y, probablemente, las
acepta. Pero este gesto no basta. En ningún caso las disculpas son
suficientes para reparar un daño. Éstas solo apaciguan en el momento y,
cuando son muy reiteradas, surgen serias dudas acerca de su sinceridad, o
bien se empieza a sospechar de la falta de preparación de quien tanto
se equivoca. Nadie llega al poder para aprender de sus errores, sino que
para solucionar problemas, adoptar medidas, dar sentido a la acción
pública. Se asume el poder para ejercerlo con ética, sabiduría, y con el
máximo de competencia.