Los
recientes resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción de Seguridad Ciudadana (ENUSC) han puesto de manifiesto una
realidad preocupante en el país. La creciente ola delictiva y aparición
de nuevos fenómenos -aparentemente de importación- ha devenido en el
aumento del porcentaje de personas que perciben que la sensación de
inseguridad ha aumentado en el país, alcanzando un récord histórico del
90,6%.
Como
complemento de ello, el reciente estudio del Clapes UC, sobre el costo
económico de la delincuencia en Chile, ha revelado que el 85,2% de la
población cree que ha aumentado en el país, lo que a su vez ha impactado
en la conducta de las personas, quienes evitar, por ejemplo, salir de
noche, caminar solos, sacar dinero en cajeros automáticos, entre otros.
Este
aumento de hechos delictivos, acompañado del incremento en los niveles
de violencia, ha golpeado también a la industria del retail. Según los
datos recogidos por ALTO, durante el primer semestre de 2023, en
promedio los delitos violentos aumentaron un 15,2% en relación al mismo
periodo del año 2022 para este sector. Además, se concluyó que el uso de
armas de fuego experimentó un incremento del 20,8%.
A
lo anterior, resulta interesante sumar el análisis que entrega el
estudio de Clapes UC, que informó un aumento del 94% de los costos
totales asociados a la delincuencia medidos en millones de dólares del
mismo poder adquisitivo durante los últimos 10 años en Chile
(2013-2022), lo que en cifras significa un aumento de US$ 3.168 millones
a US$ 6.140 millones. Y solo para el sector privado estos costos se
cuadruplicaron en la última década (17,4% promedio anual).
En
ALTO hemos visto cómo el sector privado ha debido incrementar el gasto
en seguridad, adoptando medidas preventivas y reactivas para resguardar
sus instalaciones, trabajadores y clientes, junto con ser colaboradores
activos en la persecución penal.
Teniendo
a la vista los datos expuestos, resulta vital entender que el combate
contra la delincuencia, en los tiempos que corren, responde a un desafío
colectivo que requiere la colaboración estrecha entre el sector público
y privado.
Este
enfoque conjunto, va en línea a los anuncios entregados por el
ejecutivo en cuanto al diseño e implementación de una política nacional
de seguridad pública y al fortalecimiento del Ministerio Público y las
policías. Lo anterior, deberá traducirse en el diseño e implementación
de acciones robustas y concretas que contribuyan a revertir los
alarmantes índices que ha dado a conocer la ENUSC en su última edición.
Será
crucial entender que, más allá de endurecer las penas en abstracto, la
efectividad de las investigaciones penales y posteriores sanciones
efectivas resultan clave para lograr resultados a largo plazo. Asimismo,
la colaboración entre el gobierno central, gobiernos locales, sistema
de justicia, Ministerio Público, fuerzas de orden y seguridad, y por
cierto el sector privado se convierte en un pilar fundamental para
abordar este problema de manera integral.