La
discriminación es algo permanente, parte del hecho que las necesidades
son infinitas y los recursos son escasos. En todo acto debemos elegir.
No podemos hacer todo. Del mismo modo, en nuestras relaciones humanas,
discriminamos constantemente. No podemos dar nuestra confianza al género
humano completo, sino que elegimos a quienes luego llamamos amigos. A
estos los elegimos y son nuestro mayor tesoro en la vida. Como seres
racionales tenemos prejuicios, juzgamos por adelantado a alguien, antes
de ver sus acciones. Esta creencia u opinión, muchas veces, puede
coincidir con las acciones posteriores, y otras veces queda evidencia de
nuestro error. No hay prejuicio cuando conocemos las acciones de
alguien, ahí hay juicio de valor.
Es
importante aclarar estos conceptos para poder entender y juzgar el
anuncio de Lo Valledor y la Vega sobre pedir identificación a quienes
ingresen a sus establecimientos. Están en su derecho de exigir lo que
quieran, ya que se trata de un establecimiento privado. Pero, frente a
esta acción propia de ser dueño de algo y tener el derecho a poner las
reglas que se quiera, el gobierno acusó de “discriminación arbitraria”.
La acción busca saber quién ingresa al lugar, y para eso, debe presentar
documentación chilena o extranjera. En caso de no tener documentación
alguna, simplemente no puede entrar. Lo curioso es que el gobierno que
rasga vestiduras frente a esta acción, exige cédula de identidad o
documentación para entrar en La Moneda, el Congreso o cualquier
repartición pública. No sólo hay que presentar la cédula, sino que hay
que pasar por rayos, por razones de seguridad. El anuncio de Lo Valledor
y la Vega también obedecen a razones de seguridad, pero eso, no les
importa. Entonces el Estado puede exigir seguridad para entrar en los
lugares supuestamente públicos y los privados no pueden hacerlo en
lugares propios. Esto atenta contra la lógica y contra el derecho de
propiedad.
Lo
cierto, es que si cualquier persona “de a pie” va a la Moneda,
Congreso, Tribunales y Ministerios debe mostrar documentación y pasar
los protocolos de seguridad. Todos, menos “los sobrinos” del Ministro
Jackson, lo que hace que este viejo hecho sea aún más sospechoso hoy.
Pero los privados si lo hacen son “discriminadores arbitrarios”. Si los
privados buscan hacerlo, es porque la seguridad en Chile es un real
desastre y ya no podemos ejercer nuestras labores en paz. El Estado ha
fallado en su primer rol, garantizar la seguridad. Es esa la primera
razón del por qué creamos el Estado. Le entregamos el monopolio de la
fuerza y estamos dispuestos a pagar impuestos, precisamente para
terminar con la ley de la selva. Pero si pagamos impuestos y el Estado
decide no usar la natural desproporción de la fuerza necesaria para
garantizar el orden, entonces el Estado es fallido y “el contrato”
existente ya no tiene sentido. Los impuestos entonces, no son más que un
robo y un abuso, perdiendo toda legitimidad.
Lo
cierto, es que se buscó ampliar la base migrante para conseguir
“bolsones de votos” y “bolsones de pobres”. De eso vive el socialismo.
Eran necesario precarizar la economía, ya que cuando la economía falla,
falla la política también. Desde ahí hicieron un relato que permitió el
intento de revolución de 2019. Fue el “buenismo” combinado con “el
victimismo” lo que permitió, y dio impunidad en Chile a la inmigración
indiscriminada. Esto convirtió a las fronteras en barreras
inexistentes, que permitieron la entrada de una mixtura de personas.
Algunos honestos buscando seguridad para iniciar una nueva vida
trabajo, aportando al país, siempre bienvenidos. Otros deshonestos,
activistas políticos y criminales que vinieron a aprovecharse de las
personas de bien de nuestro país, importando crímenes y viciosas
costumbres no vistas antes en Chile. Lo cierto, es que sabemos de
algunos de los que entraron y de otros tantos, no sabemos nada. Ni
siquiera podemos decir cuánta gente ha entrado en nuestro país. Los
indocumentados son muchos y la nueva criminalidad, hace que de estos
indocumentados, haya prejuicios y también juicios. Es por esto, que es
necesario tomar medidas y lo anunciado por Lo Valledor y la Vega debe
ser emulado por todos. El Estado en vez de acusar “discriminación
arbitraria” y “citar” a la Moneda, acción que no tiene derecho a hacer,
debiera entender que el que ha fallado es él. Sin Estado en materia de
seguridad, volvemos a la ley de la Selva y la autotutela, lo que es un
peligro para cualquier sociedad. Esto es responsabilidad de los que hoy
son gobierno. Antes de llegar al poder impulsaron la entrada
indiscriminadas de personas para lograr su fin, el poder. Hoy en el
poder, faltos de experiencia en todos los sentidos, no asumen
responsabilidades… la situación se les fue de las manos.