La
Comisión de Reglamentos de la Convención Constitucional rechazó la
indicación, que buscaba incluir, entre los Derechos Fundamentales, el
Derecho Preferente de los Padres a elegir la educación que desean para
sus hijos e hijas. La familia es anterior incluso al Derecho a la
Educación, en ella se inculcan valores, se siguen costumbres, creencias,
gustos, convicciones morales o religiosas, etc. Por lo tanto, el
proyecto de vida se funda al interior de los hogares y los progenitores,
por sobre todas las cosas, buscarán lo mejor para sus “retoños” y hacen
todos los esfuerzos y sacrificios posibles para dejarles, como
“herencia”, la mejor educación posible, dentro de todas las alternativas
que se ofrecen actualmente en nuestro país.
El
Estado debe garantizar una adecuada autonomía y pluralismo de los
proyectos educativos, complementando los públicos con los particulares.
La libertad de enseñanza debe existir con el objeto de que no haya solo
un proveedor de educación (el Estado).
En
los últimos años se han realizado variadas reformas al sistema
educacional, siendo la más reciente la Ley de Inclusión. Todas con el
objeto de mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, esto no se ha
logrado, no existe ningún estudio serio que demuestre lo anterior, por
lo que las modificaciones señaladas no generaron el impacto que se
pretendía (si es que realmente ese era el objetivo). Menos aún mejoraría
la calidad de la educación si el Estado fuera el único oferente, las
brechas entre lo público y lo privado han aumentado más aún en pandemia.
Por
otra parte, ya llevamos 5 años desde que entró en vigencia el fin al
lucro en educación con recursos públicos, por lo que los colegios que
reciben subvención del Estado deben utilizar esos dineros exclusivamente
para su giro. Además, se creó la Superintendencia de Educación, que
fiscaliza lo anterior. No se ha sabido de ningún caso que haya
incumplido la norma, por lo que el lucro no existe (antes de la ley
tampoco, sólo situaciones puntuales, pero se quiso “meter a todos en el
mismo saco”). Asimismo, aunque no se reconozca, la legislación hacía un
“llamado” a que los colegios particulares pasaran a otra figura jurídica
para alcanzar, en un determinado período la gratuidad, prácticamente
perdiendo la independencia de los proyectos educativos y convirtiéndose,
en la práctica, en colegios del Estado. Para esto, se “prometía”
(pregúntele al ex Ministro Eyzaguirre) que se aumentaría la subvención
de manera progresiva, y este aumento compensaría la disminución en el
copago para los establecimientos con financiamiento compartido. Sin
embargo, esto no se cumplió, entre otras razones, porque el valor de la
subvención se fija todos los años y los colegios tienen un valor máximo
que pueden cobrar y no pueden pasarse de éste.
Mejor
no hablar del fracaso del Sistema de Admisión Escolar, que atenta
directamente contra el Derecho de los padres y las madres de elegir
libremente el colegio que desean para sus pupilos, toda vez que el
resultado de las postulaciones no ha sido el establecimiento esperado
por las familias.
Esperamos
que la situación descrita se revierta, no se le puede imponer a las y
los apoderados una educación sólo Estatal, única (en el sentido de que
es igual para todos), y de dudosa calidad. Somos un país pluricultural,
por lo que la enseñanza debe reflejar esta realidad, coexistiendo una
amplia gama de formas distintas y variadas de proyectos: estatales o
particulares, con énfasis en lo artístico, en el deporte, en los
resultados académicos, confesionales o laicos, etc., de tal manera de
poder escoger lo que más se adecúa a cada familia. Un apoderado
informado y con muchas opciones podrá tomar una mejor decisión para el
futuro de sus hijos e hijas, no nos dejemos engañar con populismo, no
todo es blanco o negro, también existen matices.