El
corazón de toda Constitución son los Derechos Humanos. Una Constitución
que no los reconozca, respete y promueva es una mera fachada, un papel
que no cumple el rol de las Cartas Fundamentales: constituirse como un
pacto social en el que nos reconozcamos todos y todas como personas
dignas, libres e iguales.
Gracias
a la movilización ciudadana, hoy vivimos como país y Región una
oportunidad histórica. El proceso en curso reemplazará la actual
Constitución que fue impuesta en uno de los periodos más violentos y
oscuros de nuestra historia. Esa dictadura que no solo nos arrebató
nuestra democracia, sino que también violó sistemáticamente los Derechos
Humanos de chilenos y chilenas. Hoy es el momento de zafarnos de los
amarres que han impedido que la voluntad democrática de las mayorías
instale una institucionalidad en la que la dignidad humana esté al
centro.
Enfrentar
este desafío tiene múltiples aristas, todas ellas muy relevantes y en
la que distintas instituciones juegan un rol primordial. Por un lado,
nuestro país debe seguir avanzando en verdad, reparación y justicia
tanto para aquellas víctimas del pasado, como para aquellas nuevas que
sufrieron la represión estatal durante el estallido social. Hoy es tarea
del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público, los
Tribunales de Justicia, entre otros, avanzar en los procesos pendientes y
no permitir ningún tipo de impunidad. Por otro lado, este fin de semana
se elegirán los 155 constituyentes que integrarán la Convención
Constitucional. Estos representantes deben avanzar en ampliar la
participación ciudadana durante el año de redacción de la Nueva
Constitución. Así, será posible por primera vez en nuestra historia
contar con una Carta Fundamental nacida en un proceso democrático, con
paridad y representación de los pueblos originarios.
Además,
en la Nueva Constitución se deben reconocer los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos que hemos suscrito como país,
establecer las bases de unas Fuerzas Armadas y Policías garantes de
derechos e incluir una institucionalidad, que en otros países se conoce
como Defensoría del Pueblo, que sirva de sustento para instituciones
como el INDH, la Defensoría de la Niñez y el Mecanismo Nacional de
prevención contra la tortura.
Así,
el Nunca Más será no solo un compromiso ético que compartimos los
chilenos y chilenas, sino que se hará realidad por la existencia de una
institucionalidad robusta que promueva, respete y garantice los Derechos
Humanos. Ante este desafío, no puedo sino terminar esta serie de
columnas haciendo un llamado a votar en las elecciones de este sábado y
domingo. Esta vez no serán un grupo de personas encerrados en una
oficina quienes determinarán cuáles son nuestros derechos, sino que
podemos ser todos y todas, torciéndole así la mano al peso oscuro de
nuestra historia. Iniciaremos así una nueva etapa: la de un Chile más
democrático y justo.