En su columna de ayer,
la candidata Jessica Bengoa, incurre en una serie de imprecisiones que
me parece importante aclarar a la audiencia, atendida la elección del 7
de mayo en que nos enfrentaremos por uno de los dos cupos que le
corresponden a nuestra Región de Magallanes en el Consejo
Constitucional.
Primero,
no es correcto decir que este proceso es una “continuidad” del fallido
proceso anterior, que no contemplaba una “segunda parte”. Hay grandes
diferencias de tiempo, contenidos y órganos entre uno y otro proceso que
los hacen completamente diferentes.
Sin
embargo, sus errores más importantes están ligados a repetir vicios de
la fracasada Convención, en temas tan sensibles como pensiones,
educación y salud, donde nos recuerda que ella es la candidata del
Gobierno que apoyó con tanto ímpetu esa mala propuesta para Chile.
En
pensiones, yerra en el maximalismo de querer incluir, a nivel
constitucional, principios de rango legal. Qué duda cabe que en Chile
existe un sistema mixto, con componentes de capitalización individual y
solidaridad (siendo la PGU un ejemplo de esto último). La Constitución
debe regular los pilares y garantías del sistema de pensiones, dejando
su desarrollo a la ley. Acá, el principal avance debiese ser consagrar
que los ahorros son de propiedad de los trabajadores, heredables y con
derecho a elegir quién los administra (si un ente público o uno
privado).
En
educación, realiza un diagnóstico incorrecto, al sugerir que los
problemas de la educación pública existirían por un supuesto rol
secundario del Estado; soslayando la existencia de múltiples entes
estatales (e.g. ministerio, superintendencia y un sinnúmero de
establecimientos) y desconociendo que la crisis de la educación pública
se explica, en buena medida, por una serie de malas reformas y políticas
impulsadas por quienes hoy nos gobiernan (incluyendo su timidez para
condenar la violencia).
Algo
parecido ocurre en salud, donde atribuye los problemas de la salud
pública a una supuesta falta de fondos, obviando el enorme crecimiento
que ha tenido el gasto público en salud durante los últimos años, lo
cual, desgraciadamente, no se ha traducido en una disminución de las
listas de espera, que son su principal problema.
En
estas tres áreas, mi rival olvida que este nuevo proceso constitucional
no es para refundar Chile, sino que para reformarlo y mejorarlo.
También olvida que una de las 12 bases constitucionales (consagradas en
el Art. 154 de la actual Constitución), al regular los derechos
sociales, establece que ellos deben tener un desarrollo progresivo, con
responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.
Con esta salvaguarda, es de esperar que los excesos de la fracasada
Convención no se repitan, aunque ello dependerá de los consejeros que se
elijan.