Hace
menos de un mes se inició la disputa electoral por la representación
ante el Consejo Constitucional en la continuidad del proceso que comenzó
hace poco más de 3 años. Una nueva oportunidad para alzar la voz
respecto de la necesidad de avanzar y sentar las bases hacia una
sociedad más justa, democrática y participativa. La pregunta que muchos
nos hacen es ¿cómo es posible avanzar hacia ese sueño a través del texto
constitucional? Importante es mencionar entonces que la Constitución
considera dos partes relevantes para dar cuenta de aquello. En primer
lugar el listado de derechos, o parte dogmática, en la que encontramos
el derecho a la salud, educación y seguridad social (que sirven de base
para nuestros sistemas de salud, educación y pensiones); y por otro lado
la organización del poder o parte orgánica que configura nuestro orden
democrático, sentando las bases del rol del Estado (la base de nuestro
sistema de gobierno, sistema
judicial, los gobiernos regionales y comunales). En este contexto, el
derecho a la seguridad social, (pensiones), en la actual Constitución
garantiza solo el acceso a un sistema, sin incluir los principios de
solidaridad y universalidad, consecuencia de ello es que hoy con un
sistema de capitalización individual, que replica las inequidades del
mercado laboral, y en el que las protagonistas son las AFP y no el
bienestar de las y los pensionados. En materia educacional, la
Constitución de 1980 eliminó el rol primordial del Estado y también la
prohibición de lucro de los privados, (que existía en la Constitución de
1925), lo que explica el desmedido lucro en universidades relegando a
un segundo plano la educación como proceso en el cual se forman las y
los ciudadanos del futuro y el complejo
momento de nuestra educación pública, aspecto que hemos visto de forma
clara en nuestra región. Finalmente, en el caso de la salud, la actual
Constitución solo garantiza el poder elegir entre un sistema privado o
público, que explica que en nuestro país subsistan dos sistemas
separados: uno con muchos fondos y mejor calidad para quienes pueden
pagar, y otro masivo, con largos tiempos de espera, para quienes no.
Para modificar nuestros desiguales sistemas de pensiones, educación y
salud requerimos un nuevo pacto social que reemplace las viejas semillas
implantadas en los años 80 para dar paso a una base que incorpore
dignidad, equidad y justicia, más aún en una región extrema como la
nuestra en donde sabemos que nuestra realidad es bastante más compleja
respecto a quienes habitan en otras regiones del país, ya sea por el
clima muchas veces impredecible y la lejanía que tenemos respecto a
grandes centros urbanos del centro del país y, por ende, a una multitud
de servicios que son imprescindibles para un buen vivir.
Esta
nueva constitución, que espero se vea concretada a finales del año en
curso, es una herramienta imprescindible para avanzar unidas y unidos
hacia un Chile más respetuoso de la vida de quienes habitamos Magallanes
y, por supuesto, Chile.