La
crisis financiera global está generando grandes impactos sobre el
mercado laboral en los países en vías de desarrollo, y Chile no es la
excepción a la regla. Recientes informes, como el de la Organización
Internacional del Trabajo, dan cuenta de un retroceso respecto a los
avances de los últimos 20 años en la calidad del empleo.
A
nivel local, reportes de los principales portales empleos y las cifras
oficiales coinciden en que, si bien el desempleo se mantiene en un
dígito, no se están creando nuevas plazas y la informalidad sigue
avanzando. Los jóvenes y las mujeres son los grupos más afectados: más
de dos mil millones de personas tienen puestos sin acceso a protección
social en el mundo.
Ante
el complejo escenario económico es fundamental que las personas puedan
hacer valer sus derechos y ejercer las acciones correspondientes en el
caso de ser vulnerados, contando con un adecuado acompañamiento legal.
Muchos trabajadores y trabajadoras podrían percibir, a través de estos
procedimientos, recursos para sobrellevar el complejo período de
desempleo.
Un
caso que veremos repetirse en los próximos meses es el de los despidos
injustificados. Pese al complejo contexto económico, con una inflación
que supera el 12% y una posible recesión en el segundo semestre, la
desvinculación por necesidades de la empresa debe cumplirse y ser
acreditada en los términos que establece la norma.
Hay
despidos que carecen del sustento jurídico y que son derechamente
injustificados, y para eso existen tribunales con la potestad de definir
si la decisión del empleador se ajusta a derecho o da pie a que el
trabajador o trabajadora busque una compensación económica por los
perjuicios causados, según lo estipula nuestro Código del Trabajo.
Así,
por lo injustificado del despido, las personas que demandan tienen la
alternativa de pedir un recargo de su indemnización, el que deberá ser
pagado por su empleador. Además, podrán solicitar la devolución del
reembolso del seguro de cesantía (específicamente, el descuento
realizado del monto aportado por el empleador).
Otras
vías legales, como el autodespido o el cobro de prestaciones e
indemnizaciones, requieren igualmente de una asesoría profesional para
su tramitación ante los tribunales. Como Grupo Defensa, vemos cómo
temáticas como estas se acrecientan día y día y cómo la ciudadanía
necesita y demanda tanto información como resguardo legal.
Así,
no cabe duda de que la llegada de marzo –un mes caracterizado por el
estrés financiero del regreso a clases y el pago de los permisos de
circulación– agudizará el impacto de este problema para miles de
familias chilenas. Desde nuestro rol como especialistas, el llamado es a
informarse, explorar las alternativas legales y buscar asesoría
profesional.