Quedan
pocos días para que los ciudadanos votemos cada uno como máximo, por
siete iniciativas populares de norma, propuestas para la nueva
Constitución. Es así como desde Pacto Global hemos trabajado junto a
otras instituciones convocadas por la SOFOFA, en temáticas que generen
consensos y que puedan aportar a la nueva Constitución. Para ello,
desarrollamos un documento sobre temas medioambientales relevantes donde
abordamos entre otros, la gestión de recursos naturales, la
administración del recurso hídrico y los derechos de la naturaleza,
difundiendo estas propuestas e invitando a algunos constituyentes a
participar en la discusión. Una de las conclusiones fue incluir una
iniciativa de norma llamada “Para una Constitución Sostenible”, que
hasta hoy cuenta con una baja votación, tal vez por falta de difusión o
de comprensión de su importancia e impacto.
Convocar
a un desarrollo sostenible es fundamental y amplio en su concepción,
dado que iluminará el desarrollo de todas las actividades económicas
bajo la mirada de un equilibrio entre lo económico, lo social, y lo
medioambiental. El marco constitucional será clave para generar las
condiciones necesarias para el progreso del país, en general, y de la
actividad productiva, en particular, por ello, la búsqueda de un sano
equilibrio entre progreso social, crecimiento económico y protección
ambiental, se vuelve un imperativo urgente.
Pero
¿por qué es tan importante el progreso para un país? Para solucionar
unos de los principales problemas de la humanidad: La pobreza. En 2015
se realizó la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, instancia en la cual más de 150 líderes mundiales adoptaron
la nueva Agenda 2030, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que
precisamente buscan, eliminar la pobreza con metas exigentes sobre la
salud, la educación y la igualdad de género, objetivos universales que
se aplican a todos los países y a todas las personas, poniendo a estas,
en el centro. De esta manera, el concepto de Desarrollo Sostenible tiene
implícito un claro sello intergeneracional, por cuanto plantea que el
progreso de la generación presente podría significar una presión sobre
los escasos recursos naturales, lo que causaría un perjuicio para las
generaciones futuras.
Con
la consagración del Desarrollo Sostenible como un principio
constitucional, se propicia un compromiso con la implementación de la
Agenda 2030 de la ONU, estrategia que ofrece un marco razonable,
equilibrado y orientado al bien común, indicando una ruta concreta y
detallada que puede transformarse en un eje fundamental de la Nueva
Constitución.
Resulta
evidente entonces, que la discusión sobre la Sostenibilidad no tiene
que ver con un modelo de desarrollo económico particular, sino que con
la necesaria articulación constitucional de garantías a las personas y
su entorno. De hecho, el Índice de Desempeño Ambiental (Environmental
Performance Index, EPI 2020), que clasifica a 180 países en salud
ambiental y vitalidad de los ecosistemas, evidencia que existe una
correlación positiva entre el PIB per cápita y ambiental.
En
definitiva, se necesita el apoyo de todos quienes compartan este
concepto y visualicen su importancia, ya que se acaba el plazo para
votar, y no podemos dejar pasar, esta oportunidad histórica.