El
informe “Nuestro Futuro Común” definió desarrollo sustentable como
aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”. Desarrollo que genere mejores condiciones de vida y cuide
el medio ambiente. Chile ha avanzado hacia este concepto en los últimos
30 años con políticas públicas, legislación e institucionalidad que
regulen el desarrollo económico con la finalidad de proteger el medio
ambiente y generar empleos que aporten a la equidad social. Sin embargo,
a todas vistas, lo obrado aún es insuficiente ya que al parecer no
todos se sienten participes del proceso o que sus derechos son
garantizados. La presencia de la industria salmonera en Magallanes puede
ser un ejemplo de la necesidad de incorporar nuevas exigencias y
garantías al proceso de evaluación y fiscalización de iniciativas
productivas que consideren mayor participación, decisiones territoriales
y transparencia en la información.
La
industria salmonera de Magallanes ha vuelto a ser foco de
cuestionamiento producto de una serie de infracciones. Una historia que
cada cierto tiempo es reiterativa. Los cuestionamientos comenzaron en el
Consejo Regional y provocaron dos moratorias a la industria salmonera
en los últimos 15 años. Se suma a ello que, hace unos años, el diputado
Boric y la senadora Goic proponían iniciativas legales que apuntaban al
congelamiento o erradicación de la industria en Magallanes. Este año el
gobernador Flies proponía congelar las concesiones (a pesar de no tener
competencias en ese ámbito). Por otro lado, las organizaciones
Greenpeace, AIDA y FIMA han denunciado incansablemente irregularidades
en la industria y abogan por su erradicación de los mares australes. Por
último, algunas comunidades kawésqar y yaganes se han manifestado en
contra de la presencia de esta industria en su maritorio. Una industria
cuestionada desde distintos enfoques y demandas.
Según
los distractores de la industria, los proyectos son aprobados sin una
evaluación rigurosa por parte de los servicios públicos a través del
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), lo cual provocaría que no
existan garantías mínimas para la protección del ambiente marino,
llevando a condiciones anóxicas al fondo marino por acumulación de
alimento o la alteración del ecosistema producto del uso excesivo de
antibióticos o la liberación de peces. En contrapartida, los partidarios
de la industria aducen que, en términos ambientales, a diferencia de
otras regiones, en Magallanes prácticamente operan sin antibióticos y
que voluntariamente han adoptado modelos oceanográficos que evalúan el
máximo permitido para la adecuada dispersión de sedimentos desde el
fondo marino. En términos de desarrollo, indican que emplean cerca de
3.500 personas y la contratación de un gran número de servicios y
proveedores locales, dinamizando la economía y representando cerca del
25% del PIB regional.
A
parte de las faltas graves y gravísimas a las resoluciones de
calificación ambiental, últimamente el foco ha estado puesto a la
posibilidad de relocalización de centros desde el Parque D’Agostini a la
Reserva Kawésqar. Ello nos recuerda tareas pendientes de ordenamiento
territorial y consulta indígena asociadas al borde costero, que los dos
últimos gobiernos han evadido. Hacerse cargo de mejorar la industria
salmonera en términos de medio ambiente, fiscalización, participación e
información es una tarea urgente que deben asumir todos los actores de
la sociedad, especialmente en una región que requiere autoabastecimiento
alimentario (una lección de la pandemia). A favor o en contra, se debe
asumir que es una industria que llegó para quedarse.