A
casi dos años de la elección de los gobernadores regionales, hemos
podido constatar interesantes ejemplos de gestión y liderazgo. Es el
caso de los gobernadores Rodrigo Díaz y Luciano Rivas, en Biobío y La
Araucanía respectivamente, quienes han demostrado capacidad para
convocar y movilizar a las distintas autoridades en escenarios de gran
convulsión por hechos violentos. También el caso del gobernador Claudio
Orrego, con la dificultad que supone dirigir una región como la
Metropolitana; o el gobernador Patricio Vallespín, en Los Lagos, al
invitar a conversar a distintos actores para identificar brechas,
desafíos y compromisos en materia ambiental.
No
obstante, en veredas opuestas encontramos casos donde el propio consejo
regional cuestiona a su máxima autoridad por déficits de gestión y no
son casos aislados. Si aplicamos la regla de ejecución, comparando el
presupuesto inicial aprobado para los gobiernos regionales en 2022 con
su ejecución final real, esta no habría superado el 85%, afectando con
ello la capacidad de crecimiento y creación de empleos.
Cabe
entonces concordar que la elección de los gobernadores es solo un
eslabón de una compleja cadena de instituciones y decisiones que como
país debemos construir. En tal sentido, uno de los desafíos más
importantes sigue siendo la formación, atracción y retención de capital
humano calificado en regiones.
Desde
las universidades, es una tarea que debemos abordar con decisión, no
solo asegurando la excelencia académica, sino que imprimiendo sólidos
valores y estimulando el compromiso de los jóvenes con sus comunidades.
Programas y proyectos destinados a involucrar tempranamente a
estudiantes e investigadores en asuntos de interés público marcarán una
contribución sustantiva para el desarrollo regional.
Pero
se hace complejo atraer y retener capital humano calificado si no
existen incentivos adecuados a la inversión, con procedimientos
expeditos para iniciar nuevos negocios y estímulos tributarios
transitorios. Por eso, el rol del Estado, en sus distintos niveles, debe
ser entendido como un catalizador que promueva el pleno desarrollo de
la actividad privada distribuyendo sus recursos de manera equitativa en
el territorio. Por su lado, el sector privado debe contribuir en la
generación de bienes públicos y el desarrollo sostenible de la industria
de la mano de las comunidades.
Finalmente,
un proceso de descentralización efectivo necesita de altos niveles de
coordinación entre las instituciones del Estado: municipios, gobiernos
regionales, ministerios y servicios públicos. Esto requiere un diseño
orgánico de competencias y facultades bien definido y el compromiso
político de las distintas autoridades de avanzar en un actuar
complementario y no competitivo, articulado y no desconectado, motivados
por el sentido de urgencia y la responsabilidad que exige administrar
los recursos de todos los chilenos.