Uno
de los temas que más se debe tener en cuenta en una nueva Constitución
-que se está redactando y que se votará en el plebiscito de salida del 4
de septiembre- es la verdadera descentralización. Hablar de
descentralización y llevarlo a la práctica históricamente ha sido muy
complejo. Chile tiene una diversidad territorial al poseer espacios
regionales de desarrollo económico subutilizados, como consecuencia de
un centralismo en la toma de decisiones que desatiende las urgencias y
realidades de cada territorio. Para una adecuada descentralización falta
mucho, y la que se implemente nunca va a dejar satisfechas a las
regiones extremas. Recetas para ello hay muchas. Pero una
descentralización bien hecha debe tener interlocutores regionales
válidos, con capacidad de decisión local para lograr la facilitación de
los procesos previos a una inversión. Además se deben contemplar las
necesidades de los territorios y de su gente. Muchos cuestionan si la
descentralización debe partir por autoridades regionales electas que se
esmeren en generar los incentivos para atraer talentos e inversiones a
territorios rezagados y alejados de Santiago o más allá de Puerto Montt.
Las regiones deben construir sus propios proyectos, pero sin dificultar
el desarrollo armónico del país. Ahí hay un tema pendiente referente a
cómo se transferiría la designación de recursos y cómo se atraería la
inversión privada. La Región de Magallanes y Antártica Chilena necesita
de una política descentralizadora, pero la pregunta que queda finalmente
es ¿a qué costo?