A
partir del proceso de reconstrucción democrática, la sociedad chilena
ha experimentado profundas transformaciones sociales, políticas,
culturales y económicas. Este proceso histórico-político, no sólo ha
implicado variaciones en la orientación de las políticas públicas, sino
que también ha dado impulso a reformas en los modelos de desarrollo
económico y social del país, generando un impacto en las concepciones
sobre el rol, la organización y las formas de articulación de la
sociedad civil y del Estado.
Estas transformaciones también han dado vida al surgimiento de nuevos y
diversos movimientos sociales, los cuales se han desenvuelto desde lo
territorial a lo funcional apuntando sus dardos hacia el Estado y al
manejo político del país, entrando en la palestra cuestiones como la
distribución territorial del poder, la representación política de
sectores excluidos e incluso la calidad democrática del sistema
político chileno. Así también se ha apuntado a que la emergencia
territorial se enmarca en la lógica de centro/periferia, conformándose
descontentos que alimentan la identidad de lo local a partir de la
distancia geográfica, administrativa y política de las regiones respecto
a los centros de control de decisiones.
Cómo
no recordar que hace unos años, (enero 2011), nos encontrábamos en la
movilización “No al alza del gas”, en donde se efectuaba una profunda
crítica al centralismo actual del Estado en la toma de decisiones que
conciernen a la región y por otra parte incorporaba en el relato la
necesidad de abordar más espacios de participación ciudadana en la toma
de decisiones de las políticas públicas. De lo anterior fluye la idea
de que la descentralización, más allá de tratarse de una reforma
política, institucional, administrativa y económica, debe representar
también la búsqueda de una nueva articulación entre Estado y sociedad
civil impulsando en nuestro país un proceso de descentralización, no
sólo desde la mirada de organización administrativa del Estado, sino
como una estrategia de desarrollo nacional basada en la resignificación
de las identidades culturales y sociales de los espacios locales y sus
potencialidades respecto a sus condiciones sociales y políticas para
desarrollar una nueva articulación entre el Estado, la sociedad civil y
la ciudadanía. Un Chile en el cual, independiente del lugar donde vivan y
trabajen sus habitantes, gocen de similares condiciones para el acceso a
las oportunidades de desarrollo, en donde se requiere perfeccionar,
profundizar y consolidar la democracia desde el legítimo derecho que
poseen las personas que integran un territorio a decidir y gestionar,
directamente o a través de sus representantes, los asuntos que les son
propios en su barrio, en su comuna, o en su región.
En
este contexto, nuestro Gobierno liderado por Gabriel Boric, consiente
de la necesidad y del compromiso asumido respecto de repartir el poder
del Estado de una manera más igualitaria a nivel territorial, firmó
durante esta semana un acuerdo en materia de descentralización entre el
gobierno central y las y los gobernadores regionales el cual apunta
entre otras cosas a
terminar
con la figura del delegado(a) presidencial, trabajar en la coordinación
internivel y participación territorial, acordó la modificación del
procedimiento de transferencia de competencias estableciendo igualmente
un proceso administrativo que se definirá en la Política Nacional de
Descentralización para Chile, un Proyecto de Ley de Rentas Regionales y
Descentralización Fiscal, que contará con la posibilidad de fortalecer
los ingresos de cada región, avanzar en flexibilidad presupuestaria e
incorporar medidas para un régimen financiero propio para los gobiernos
regionales.