La desconexión a la que alude el título de la columna, dice relación con el mundo paralelo en que viven los diputados y senadores de la República, además, de un innumerable listado de jefes de servicios, seremis, y prácticamente todas las más altas autoridades elegidas por elección popular.
Lo anterior, como consecuencia de los últimos hechos conocidos a propósito de los 50 años del Golpe de Estado, principalmente lo que pasa en la Cámara de Diputados.
Existe una desconexión tan alta de los políticos en general que, mientras gran parte del centro norte de Chile se inundaba como
consecuencia de los montos de lluvias extremos e inusuales, que
generaron un daño importantísimo en el patrimonio de muchas personas y
de los sectores productivos, leer una declaración de hace 50 años
marcaba la agenda política de la semana, simplemente horroroso todo.
Es
tal la desconexión de los políticos que muchos de extrema derecha han
negado la efectividad del cambio climático en el mundo, no obstante, la
evidencia científica.
Ahora
bien, sabemos también que la aprobación de los legisladores es de las
más bajas de las que se tiene conocimiento en la historia de Chile, no
obstante, día tras días son invitados a todos los programas de TV y
Radio, opinando todo tipo de cuestiones que, generalmente desconocen.
Cada
cierto tiempo salen a colación “los puntos de prensa” por interposición
de denuncias, querellas, y requerimiento ante institución pública que
esté de moda, me sigo refiriendo a los políticos, tanto diputados y
senadores, de todas las tendencias políticas, y con recursos de
nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes.
Diputados y Senadores
pueden faltar a sesiones de sala sin que nada les pase, viajan
constantemente a sus distritos, con pasajes y traslados costeados
íntegramente por la ciudadanía, viajes al extranjero que nosotros les
pagamos, y un sinfín de gastos mensuales de los que, no solo se
benefician directamente, sino que también a sus familias, amigos y
militantes de sus respectivos partidos.
Aparte
de la no despreciable suma de la dieta parlamentaria, reciben todo tipo
de prestaciones adicionales y fondos para su libre disposición, le
pagamos a los asesores y secretarias, le pagamos la bencina, el teléfono
celular, traslados, arriendos, gastos extraordinarios y no
extraordinarios, no olvidándonos que su dieta íntegramente llega a sus
cuentas corrientes.
Mientras nuestros legisladores viven en un mundo paralelo y viviendo a expensas del Estado por años de años, y en general los familiares también, las personas comunes y corrientes como quien
suscribe debemos madrugar día a día para cumplir nuestras obligaciones
labores, ni pensar en faltar un día al trabajo de manera injustificada,
porque corremos serio riesgo de despido y reemplazo, sin derecho a nada
en algunos casos, como todos sabemos.
Miles
de personas son “víctimas” en el rechazo del pago en sus licencias
médicas, muchas veces de manera arbitraria e ilegal, sin contar con
ningún tipo de ingreso para su subsistencia, y sin contar con los medios
económicos para contratar un abogado particular y exigir prontamente el
pago de las mismas.
Las
instituciones públicas no funcionan, definitivamente, eso es lo que, la
población percibe, y lamentablemente en muchos casos se confirma ese
“secreto a voces”. Ahora cabe preguntar que han hecho los legisladores
para evitar que sea tan masiva la falta de rigurosidad para rechazar las
licencias médicas, y determinar prontamente un procedimiento efectivo y
eficaz para que este tipo de situaciones no se mantengan en el tiempo
de manera eterna.
Existiendo
tantas necesidades en las familias de menores ingresos, personas con
alta vulnerabilidad social, los legisladores no adecuan las leyes a la
realidad actual, siendo el deber de legislar su principal función, cosa
que tampoco hacen ni le interesa hacerlo.
Quizás
en esta columna no habrá comentario alguno de una sentencia o hechos
jurídicos relevantes, no puedo dejar de mencionar que día a día conozco
de casos en que, la institucionalidad no ha podido solucionar ni las
mínimas necesidades de la ciudadanía, debemos intermediar en la medida
de nuestras posibilidades para ir en ayuda a personas que no cuentan con
la capacidad económica para el ejercicio de los más mínimos y
esenciales derechos.
Por supuesto que, con la publicación de la presente columna los legisladores no tomarán “cartas en el asunto” por ejemplo respecto de la problemática que existe respecto del rechazo masivo del pago de licencias médicas por las Isapres y Fonasa, debiendo el paciente afectado realizar una serie de reclamaciones primero a Compin, después a Suceso,
sin esperanza alguna que sus requerimientos serán acogidos, toda vez
que, la brecha que existe para plantear adecuadamente una reclamación
ante estas 2 instituciones son altamente complejas y burocráticas.
Existe
desesperanza en la institucionalidad que muchas veces, la ciudadanía no
opina de nada, ni participa de forma alguno en los partidos políticos,
ni tiene interés de hacerlo, puesto que no existe a la fecha ningún tipo
de seguridad que la institucionalidad funcionará de alguna manera en
favor de la ciudadanía.