El
número de abortos que se practican anualmente en Chile se sospecha que
supera los 300 mil; sin embargo, se desconoce un número exacto porque es
una acción penalizada. La legislación chilena ha abordado el aborto
como un tema de salud publica a través del aborto terapéutico y la ley
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), siendo necesario y urgente
que se entienda y avance en torno a los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos.
De esta forma dejaremos de ver esta problemática solo desde la mirada de
salud para verla en su integridad social, económica y cultural.
El
día lunes se discutió en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género el
proyecto que busca modificar el Código Penal para despenalizar el aborto
consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de
gestación. Lamentablemente se rechazó y deberá pasar a sala con informe
negativo. El aborto en Chile aún tiene
pena de cárcel y pese a la ley IVE, que despenalizó parcialmente el
aborto en tres causales, en Chile aún se mantiene un promedio de 50
causas por aborto anualmente, llegando a sentencia unas cuatro causas
por año, lo que evidencia el escaso impacto de las modificaciones
legales.
La
votación en la comisión vuelve a enfrentar visiones con razones y
argumentos equivocados. Se debe entender que la discusión debe avanzar
hacia la construcción de pilares en la sociedad que garanticen derechos
sexuales y reproductivos, junto a una apropiada educación sexual
integral, y no tiene relación con imposición, religión, cultura o salud
pública. Resultan insultantes las argumentaciones del Gobierno y
parlamentarias de derecha, pero es frustrante la votación de la diputada
DC Joanna Pérez debido a que hace menos de 10 días su candidata
presidencial aseguraba que “nosotros vamos a aprobar esta iniciativa”,
al ser consultada por la posición de su partido frente al proyecto. Una
vez más solo discursos a la galería.
Todos
los candidatos presidenciales de oposición se han comprometido a
avanzar hacia los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, más
allá del aborto, más allá de la salud pública. Sin embargo, debe haber
coherencia y compromiso ideológico entre los presidenciables y sus
parlamentarios, en ejercicio o postulantes. Abordar este tema en forma
parcial, con creencias personales o visiones morales, como hasta ahora,
sigue poniendo en riesgo de vida a miles de mujeres cada año y no
podemos seguir indiferentes frente a ello. Una legislación y política de
Estado debe procurar garantizar, proteger y acompañar a aquellas
mujeres que deciden interrumpir el embarazo, como aquellas que aceptan
el desafío de continuar pese a todas las adversidades y cuestionamiento
(algo que hoy no hacemos).
Una
nueva Constitución definirá un nuevo Chile y soy un convencido de que
será mejor para todas y todos. Avanzar hacia los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y una obligatoria educación sexual integral
es un mínimo exigible a garantizar para el Nuevo Chile. Una nueva
Constitución, un nuevo Gobierno y un nuevo pParlamento deben abordarlo,
nuestro voto lo garantiza.