Los
hechos denunciados por Pandora Papers son graves y ponen en jaque la
institucionalidad nacional y la credibilidad de nuestro sistema
democrático. Porque la cosa es más grave que si Piñera es corrupto,
tiene relación con el trafico de influencia de autoridades nacionales y
las implicancias en la institucionalidad ambiental. Los hechos son tan
graves que el fiscal Abbott debería comenzar una investigación de
oficio, es decir sin esperar que alguien haga una denuncia o que se
recaben antecedentes. ¡Es urgente! Su indecisión también está en
cuestionamiento por su relación familiar.
Chile
debe crecer en democracia, exigencias y transparencia para dar señales
contra la corrupción. El Gobierno y el Parlamento deben dar señales
urgentes en relación a (1) los paraísos fiscales, (2) la relación entre
funcionarios públicos y la empresa privada, y (3) la priorización de las
decisiones ambientales. (1) Chile debe prohibir la inversión en el país
de empresas y personas que tiene dineros en los paraísos fiscales. Se
debe legislar para evadir la evasión de impuestos y transparentar los
negocios, para evitar el lavado de dinero y relaciones de corrupción
derivadas desde tratos en estos paraísos fiscales. (2) Los funcionarios
públicos hoy día corrientemente van del Gobierno a la empresa privada
casi sin límites, lo que genera un manto de dudas sobre su
independencia, poniendo en dudas el principio de probidad. Se debe
cortar la silla musical y aumentar los requisitos e inhabilidades para
el ingreso a la función pública, pero también las limitaciones luego de
haber ejercido el cargo. Junto a ello, prohibir el lobby de los
parlamentarios y el tráfico de influencias de toda autoridad hacia los
megaproyectos. (3) La zona marina asociada a Punta Choros desde el año
2018 ha sido propuesta y aprobada por el Consejo de Ministros (en
Gobierno de la presidenta Bachelet) como Área Marina Costera Protegida;
sin embargo, durante todo el Gobierno de Piñera (casi 4 años) el decreto
no se ha firmado. Hoy todo hace pensar que el contrato recién filtrado,
que tiene una cláusula de no innovar en el área, podría ser la
explicación para no generar una protección del mar. El Presidente debe
con urgencia decretar la protección de esta área marina.
Este
es principalmente un conflicto medioambiental, que visibiliza otras
graves anomalías de nuestra democracia. Piñera, en su primer mandato,
bajo argumentos ambientales canceló el proyecto Barrancones porque
arriesgaba la sustentabilidad ambiental del área marina cercana a la
reserva Pingüino Humboldt. ¿Por qué Barrancones atenta contra el medio
ambiente y no así Dominga para el Gobierno de Piñera? Es contradictorio,
por tanto, que durante su mandato defienda el proyecto Dominga
(poniendo la institucionalidad del lado de la empresa y no de la
biodiversidad y las comunidades locales) y no se oponga a la posibilidad
de su funcionamiento, siendo que está apenas a 5 km de diferencia que
Barrancones del área protegida. A la luz de la actual denuncia sería
lógico suponer que esta diferencia tenga directa relación con los
intereses económicos de su familia.
Chile
debe dar certezas y el más alto poder de la república debe ser un
ejemplo. La posición de Piñera en sus explicaciones al país es poco
creíble y sus respuestas solo son evasivas y poco precisas. Es una razón
más para su insostenible posición. Piñera debe renunciar.