Esta
semana en un debate televisivo me preguntaron cuál debía ser el rol del
Estado en la economía en la Nueva Constitución: si debía regular o ser
un actor. Al respecto, sostengo que ese tipo de dicotomías no son
ciertas en la realidad, ni tampoco ayudan a enfrentar los grandes
desafíos que tenemos en materia económica y de desarrollo productivo. En
esta columna explicaré por qué.
La
Constitución actual impuso un modelo de Estado subsidiario que
desconoce el rol estatal en el desarrollo productivo del país. Además,
sentó las bases para que el espacio de los derechos sociales (educación,
salud, vivienda y pensiones) sean entendidos como mercados de bienes y
servicios en los que el Estado debía asumir un rol secundario.
A
pesar de la regulación constitucional, sabemos que la realidad dista
mucho de esas caricaturas. El Estado, aún en su versión subsidiaria que
conocemos en Chile, no se limita solo a regular la actividad económica.
Por el contrario, tiene un rol muy importante en el fomento económico a
través de subsidios que entrega a los privados. Desarrollar actividades
económicas es un derecho, que se ejerce por muchos y muchas, y no solo
por grandes empresas. Los almacenes de barrio, los emprendimientos, las
pequeñas empresas son también manifestaciones de este derecho que el
Estado debe respetar y garantizar. Por ello no basta solo con regular.
Postpandemia creo que muy pocos se atreverían a defender esa idea, sobre
todo después que muchos han demandado ayuda al Estado para continuar
con sus actividades económicas.
Requerimos
de un Estado que también actúe en la economía, a través de sus empresas
públicas o en alianzas público-privadas, impulsando las inversiones
necesarias para el desarrollo productivo en nuestro país, que muchas
veces los privados no realizan. Un Estado que utilice todas sus
herramientas para impulsar un modelo de desarrollo que genere mayor
crecimiento y que administre nuestros bienes comunes (el agua, la
minería, la energía, etc.) para entregar mayor bienestar a las personas.
Hoy, por ejemplo, me pregunto qué falló para que la inversión en fibra
óptica en Tierra del Fuego no se traduzca en internet de mejor calidad
para los niños y niñas en Porvenir y demás localidades. Algunas
respuestas en los medios de comunicación señalan que hoy es
responsabilidad de las empresas, porque la inversión fiscal ya se
realizó. Creo que esa respuesta no es suficiente.
En la nueva Constitución se deben establecer las bases de un Estado más
eficiente y moderno, que cuente con distintas herramientas para guiar
la economía y así enfrentar los desafíos en esta materia. Seguir
insistiendo con que el Estado es ineficiente y que solo debe limitarse a
regular no es suficiente. Requerimos un mejor Estado, que sea capaz de
utilizar sus distintas herramientas para establecer las condiciones para
un crecimiento inclusivo y respetuoso del medio ambiente.