Uno
de los problemas más complejos para la administración actual de la
educación pública es el modelo de financiamiento. El sistema simula una
gestión privada de un establecimiento público reemplazando los aranceles
de un estudiante por subvenciones individuales y con ello, instaura una
lógica por competencia por matrícula.
La
aplicación de este modelo data de hace más de 30 años, lo que ha
precarizado la oferta pública pues debe disputar en condiciones adversas
ante establecimientos privados que, además de recibir financiamiento
público, también pueden cobrar adicional a las apoderadas/os y hasta el
2017, seleccionar sus estudiantes. Esta competencia asimétrica generó
una constante migración de la matrícula del sector municipal al
particular subvencionado. El año 2006, el sector municipal en la región
de Magallanes tenía más de 21 mil estudiantes mientras que el 2020, la
cifra de matriculados llegó a poco más de 15 mil.
Lo
trágico de este asunto, es que la gestión se mantiene con la misma
cantidad de establecimientos: los costos fijos, sueldos de asistentes de
la educación y de profesores se tienen que sostener con 6 mil
subvenciones menos. Esto genera, irremediablemente, un círculo vicioso
entre caída de matrícula, menos recursos por subsidios, y por tanto, más
precarización de la oferta pública.
A
mediados de semana, el secretario general de la Cormupa, Luis
Almonacid, informaba en una entrevista radial noticias esperanzadoras:
El permanente descenso de la matrícula se estaba estancando. Al ver los
datos oficiales del Mineduc, podemos confirmarlo: La matrícula del
sector público y del subvencionado desde el año 2017 permanece
relativamente estable hasta ahora.
La
explicación de esto parece estar relacionada con dos causas: Una, es la
implementación del SAE (Sistema de Admisión Escolar). La estabilización
de la matrícula comienza en conjunto con la instalación de este nuevo
mecanismo de asignación, que centraliza las postulaciones e imposibilita
que colegios subvencionados y públicos puedan seleccionar sus
estudiantes. Por otro lado, está la causa demográfica. Hasta el año 2017
la matrícula venía descendiendo en su totalidad (la cantidad de
población en edad escolar), pero luego de eso, vuelve a crecer. Uno de
los efectos positivos de la migración a nuestra región es que revitaliza
establecimientos educacionales públicos que perdían matrícula.
El 2022, se abre con un nuevo ciclo político y esperemos que,
con un nuevo Gobierno y nueva Constitución, nuevas prioridades (que
deben estar articuladas con otras) se gesten de cara a reconstruir la
educación pública escolar considerando lo siguiente:
Primero:
La implementación de un diagnóstico y un plan de reparación para
enfrentar las consecuencias de la pandemia en el sector educación. Esto
implica mayor financiamiento para implementar equipos que hagan
seguimiento a aquellos estudiantes que abandonaron las escuelas o que
bajaron mucho su asistencia o rendimiento. Esto implica hacer un
seguimiento en términos de salud mental, condiciones socioeconómicas y
bienestar emocional.
Segundo:
Cambiar el marco normativo en el que funcionan los establecimientos,
superando el enfoque de subvenciones por asistencia y de evaluación a
través de pruebas estandarizadas. Es urgente avanzar hacia un sistema
descentralizado que garantice proyectos con sentido territorial, con
evaluaciones de proceso que consideren las condiciones contextuales de
ejercicio docente.
Tercero:
Fortalecer el rol, formación y la carrera de trabajadores de la
educación. Implementar políticas que reduzcan las condiciones agobiantes
de trabajo, y que se premien con mejores remuneraciones los años de trabajo y el perfeccionamiento de forma más eficiente que hace ahora la carrera Docente.
El
sistema educativo es fundamental para reconstruir un país segmentado y
quebrado socialmente por las condiciones de desigualdad y, por tanto,
debe ser una de las prioridades para la construcción de un nuevo Chile.