El gobierno de Michelle Bachelet intentó reformar el modelo de mercado de la Educación a través de la ley de inclusión, la desmunicipalización, la reforma a la Educación Superior, la gratuidad y el proyecto que fortalece a las universidades del Estado. Fue un punto de partida para seguir avanzando en cambiar la lógica vigente y evitar la segregación socioeconómica y procurar un sistema más colaborativo.
Los diputados socialistas han impulsado una Acusación Constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por considerar que ha infringido la Constitución y las leyes, en particular, por vulnerar y dejar sin aplicación normas contenidas en la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, la Ley del Ministerio de Educación y la Ley 21.040 sobre fortalecimiento de la Educación Pública.
Se le acusa de: (1) faltar a la veracidad al afirmar que la ley prohíbe las entrevistas a los padres en el sistema de Admisión; (2) invadir la privacidad al enviar un gran número de correos electrónicos a padres y apoderados promoviendo el proyecto Admisión Justa; (3) tardar la ejecución de la ley nº 21.040 al no ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia a objeto de su adecuada implementación; (4) haber dejado sin ejecución las leyes por la omisión de cumplimiento de las obligaciones ministeriales, particularmente, en materia de ejecución presupuestaria; y (5) vulnerar el principio a la igualdad ante la Ley.
Es público que la Ministra Cubillos tiene una opinión y mirada distinta a la normativa de Educación vigente y es legítimo, de acuerdo a su ideología, que intente mediante leyes cambiar la Reforma de la Presidente Bachelet. Sin embargo, no es legítimo que en el ejercicio del cargo deje de cumplir acciones y abandone, falsee o retrase deberes para evitar la implementación de leyes que no comparte.
En el trasfondo de la Acusación Constitucional hay más en juego. Está en juego dos miradas: la que defiende la mirada de mercado y la de aquellos que quieren fortalecer la educación pública.