La
educación es un derecho que tiene múltiples dimensiones. Por eso el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas lo define como un ‘derecho humano intrínseco y un medio
indispensable de realizar otros derechos humanos’. Su parte intrínseca
se refiere al indudable beneficio que tiene para cada persona el acceder
a educación de calidad. Es, sin duda, parte esencial de lo que
entendemos como una vida digna. Pero también la educación es un bien
público ya que permite que muchos y muchas salgan de la pobreza y puedan
acceder a mejores trabajos y calidad de vida. También, es el motor de
la ciencia, de los avances tecnológicos, de la innovación, es decir,
hace posible el desarrollo, y el cambio del actual modelo.
La
educación además es esencial para el funcionamiento de las democracias.
El corazón de las democracias participativas, legítimas y vivas es la
ciudadanía. Por eso la educación debe pensarse y desarrollarse no para
niños o niñas, sino para ciudadanos y ciudadanas que sean parte del
debate público, en el que se discute y se genera el bien de todos y
todas.
Nuestra
Constitución actual olvidó todos estos roles, consagró una idea de la
educación como un bien solo individual, que podía transarse en los
mercados. Eso explica que después de 40 años la educación estatal y
pública haya disminuido su matrícula y calidad y no se sienta como la
educación de todos y todas, sino como una oferta más entre los diversos
proyectos privados. También explica que aún exista lucro en algunas
instituciones y que sólo hace muy poco se avanzó en eliminarlo en el
ámbito universitario y escolar.
Por
el contrario, nuestra Constitución anterior a la actual, la de 1925,
reconocía a la educación como derecho social. Por un lado, señalaba
claramente el rol del Estado como garante. Para eso, disponía que ‘[l]a
educación es una función primordial del Estado, que se cumple a través
de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales
de enseñanza y las privadas […]’. Además, limitaba el lucro
expresamente señalando que ‘[s]ólo la educación privada gratuita y que
no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica
que garantice su financiamiento, de acuerdo a las normas que establezca
la ley”.
La
Nueva Constitución es la oportunidad para dejar atrás la concepción
neoliberal de la educación de la actual Carta Fundamental y avanzar
hacia un nuevo derecho social, con garantía del Estado, que reconozca su
múltiple dimensión como Derecho Humano.
Decidamos, participemos y votemos este 10 y 11 de abril