En
campaña, en la ciudad de Rancagua, el candidato Boric se comprometió a
que en la primera semana de gestión de gobierno firmaría el Acuerdo de
Escazú. De esta forma, el pasado viernes 18 de marzo el presidente
Gabriel Boric firmó un proyecto de acuerdo que será enviado al Congreso
para su aprobación, buscando la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú.
En la ceremonia el Presidente declaró que Chile se demoro más de la
cuenta en firmar este tratado, he insto al Congreso a aprobarlo, ya que
la vida no puede esperar
El
Acuerdo de Escazú es el primer pacto ambiental de América Latina y el
Caribe, siendo un instrumento jurídico internacional vinculante que
busca garantizar el Acceso a la Información, la Participación Pública y
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Además es innovador en
términos de protección de derechos a las personas, ya que tiene
disposiciones específicas para la protección de los defensores de
asuntos ambientales. Cabe recordar que la región tiene una trágica cifra
de ambientalistas asesinados o muertos en extrañas circunstancias, a lo
cual Chile no escapa.
La
iniciativa de este tratado fue acordada durante la realización de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
(Río+20) en 2012, como una forma de dar vida al Principio 10 de la
Declaración de Río, que busca asegurar que toda persona tenga acceso a
la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la
justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a
un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y
futuras.
Recordemos
que Chile fue impulsor de esta iniciativa y junto a Costa Rica fue
copresidente de la Comisión Negociadora que redactó el documento. Fruto
de un arduo trabajo, en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, la Comisión
acordó un texto del Acuerdo, el cual puso a disposición para la firma
de los países de América Latina y el Caribe a partir del 27 de
septiembre de 2018. Sin embargo, como sabemos, el Gobierno de Piñera
decidió no ratificar el Acuerdo.
En
la práctica, de aprobarse en el Congreso, este Acuerdo nos permite
garantizar derechos ambientales a personas y organizaciones, pero
también el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho a
un ambiente libre de contaminación, el derecho a la vida y el derecho a
la salud pública. Si bien Chile ha experimentado importantes avances
normativos y legislativos en temas ambientales, de participación y
justicia en la toma decisiones en esta materia, la brecha entre derecho y
realidad aún en grande. En términos territoriales tenemos una vasta
gama de injusticias y delitos ambientales, zonas de mayor deterioro
ambiental o de sacrificio, o malas prácticas de empresas y comunidades, a
lo cual se suman los riesgos sobre la vida de los habitantes y los
defensores del medio ambiente. Firmar el Acuerdo es un compromiso real
de cambio, para el beneficio del planeta y quienes lo habitamos.
La
tramitación en el Congreso permitirá evaluar y discutir en profundidad
los beneficios de este Acuerdo. Sin duda, su aprobación le permitirá al
país recuperar una senda seria y comprometida en temas medioambientales
en el concierto internacional y en las relaciones con otros países,
luego de los chascarros de los últimos 4 años.